Con efectos a partir del 1-8-2019, únicamente el procedimiento de apremio se excluye de la exigencia de que el plazo máximo para notificar la resolución sea el que determine la normativa de cada procedimiento. En este procedimiento sus actuaciones pueden extenderse hasta el vencimiento de los plazos de prescripción.
Se señalan los procedimientos que pueden entenderse desestimados por haber vencido el plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa.
Se determina el régimen de las notificaciones que se practican al obligado tributario a través de medios electrónicos.
Se aprueba el nuevo Reglamento de desarrollo de la LFGT en materia de revisión de actos en vía administrativa, para actualizar y modernizar la normativa vigente hasta ahora y contribuir a la agilización de la tramitación administrativa, la mejora del servicio a los ciudadanos en esta materia y la consolidación y desarrollo de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Se añaden tres nuevos procedimientos tributarios cuyo sentido del silencio es negativo si no se notifica resolución expresa en el plazo de 6 meses.
Con efectos a partir del 17-9-2018, se modifican la normativa específica de las notificaciones y comunicaciones del Departamento de Hacienda y Finanzas para posibilitar su práctica mediante comparecencia en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, manteniendo los demás canales establecidos hasta la fecha y el Reglamento de gestión de los tributos.
Se establece una nueva regulación de los plazos de resolución y de los efectos de la falta de resolución expresa en los procedimientos tributarios
Se regulan las características de la prestación del servicio de notificación electrónica y las reglas por las que los obligados tributarios pueden señalar días en los que no se pueden realizar estas notificaciones.
Se añaden diferentes aspectos relativos a las herencias pendientes del ejercicio de un poder testatorio o del usufructo poderoso
Se añade un nuevo supuesto de dilación en el procedimiento por causas no imputables a la Administración.
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