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Validez de los acuerdos adoptados en junta siendo presidente un no propietario

El Tribunal Supremo se pronuncia en el caso de autos respecto a la posibilidad de anulación del nombramiento del cargo de presidente de una persona que no ostenta el título de propietario en cualquier momento. Asimismo considera que los actos aprobados en junta, mientras es presidente un no propietario, son perfectamente válidos.
En el asunto de referencia se pone de manifiesto que, en una comunidad de propietarios, los vecinos de un bajo siempre habían mostrado su desacuerdo con la elevada cuota asignada a su vivienda, pero la comunidad nunca había procedido a recalcular la misma. Ésta, en dos juntas, acordó dos derramas para obras, sin que dichos acuerdos fueran impugnados por los vecinos del bajo, los cuales tampoco pagaron las cantidades calculadas en función de su cuota.
Por esto la comunidad acuerda demandar a los propietarios del bajo. Los propietarios se oponen a la demanda alegando falta de capacidad y legitimación activa de la comunidad, ya que la persona elegida como presidenta no tiene la condición de propietaria. Por este motivo piden también la nulidad de las juntas en que se aprobaron las derramas así como la junta del nombramiento como presidenta de la no propietaria.
Tanto en primera como en segunda instancia se condena a los demandados a abonar la cantidad debida a la comunidad más los intereses legales.
Uno de los demandados recurre en casación alegando la falta de legitimación y capacidad de la presidenta por no ser propietaria.
El demandante no pretende la declaración de nulidad del nombramiento de la presidenta sino que discute la validez de las juntas y los acuerdos en ellas adoptados, en el momento en que era presidenta la no propietaria.
La sentencia recurrida no establece que el nombramiento sea válido que es lo que vulneraría la jurisprudencia de la sala.
No cabe alegar falta de legitimación activa ya que la parte actora, que es la propia comunidad, y, por consiguiente, la que goza de legitimidad para reclamar, solo está representada por el presidente, y es este el que tiene capacidad procesal.
Tampoco puede plantearse el defecto de representación para pretender su absolución ya que la propia comunidad aprobó las derramas a satisfacer y acordó iniciar las acciones legales y esos acuerdos lógicamente no quedan afectados por la ilegalidad del nombramiento de presidente. Además estos acuerdos así como todos los actos de gestión realizados por la presidenta, nombrada indebidamente, para la comunidad han sido reiteradamente confirmados por los comuneros al menos tácitamente, con lo cual, son perfectamente válidos.

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