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Tasas Judiciales

La L 10/2012 generaliza la implantación de tasas judiciales (salvo en el orden penal donde no existen), y ha sido objeto de sucesivas reformas, de la cual destaca la que declaró exentas de las tasas judiciales a las personas físicas, por lo que desde ese momento únicamente las personas jurídicas que no tuviesen reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita tenían que abonar la tasa (RDL 3/2013). En esta sentencia el TCo entiende que estas tasas no se adecúan al orden constitucional, lo que conlleva que se haya estimado parcialmente el recurso que fue interpuesto contra determinados preceptos de esta norma.
La nulidad se basa en la desproporción de la cuantía de las tasas y, en determinados aspectos, en su falta de justificación económica, lo que se traduce en un obstáculo injustificado para el correcto ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción y a los recursos. Además, afirma el TC, el pago de un tributo, como es una tasa, no puede obstaculizar el ejercicio de un derecho fundamental (Const art.24.1).
En concreto, la STC declara la nulidad solicitada por el recurrente respecto de la mayoría de las cuantías fijas:
– Orden civil:
• Recurso de apelación 800 €.
• Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal: 1200 €.
– Orden contencioso-administrativo:
• Procedimiento abreviado: 200 €.
• Procedimiento ordinario: 350 €.
• Recurso de apelación: 800 €.
• Recurso de casación: 1200 €.
– Orden social:
• Recurso de suplicación: 500 €.
• Recurso de casación: 750 €.
Y la nulidad de la cuota variable.
Por el contrario, se mantienen las cuantías fijas -no la variable- de las siguientes tasas del orden civil, debido a que no fueron objeto del recurso de inconstitucionalidad y por tanto el TCo, por razones de congruencia, no se ha pronunciado sobre las mismas: proceso verbal y cambiario, ordinario, monitorio, ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales, concurso necesario.
En cuanto a los efectos de la sentencia, la misma indica que son “pro futuro”. En particular, no procede la devolución de las cantidades pagadas en relación con la tasas declaradas nulas:
• En los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme;
• En los procesos aún no finalizados en los que el sujeto pasivo de la tasa la satisfizo sin impugnarla, deviniendo con ello firme la liquidación del tributo.
Cabe por último indicar que el TCo recuerda que ningún orden jurisdiccional, ni siquiera el penal, tiene garantizada la gratuidad del acceso a la jurisdicción, salvo para aquellos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en la medida que es legítimo financiar el servicio público de la Administración de Justicia con cargo a los justiciables que se benefician de la actividad jurisdiccional (mediante tasas), disminuyendo o complementando la financiación procedente de los impuestos, a cargo de todos los contribuyentes.
Por tanto, el legislador puede establecer tasas en todos los órdenes y en todo tipo de procesos, cuidándose de que las cuantías sean “proporcionadas” y estén debidamente justificadas desde la perspectiva económica.

NOTA
A la fecha de publicación de esta información aún no se ha otorgado el número de sentencia, ni ha sido publicada en el BOE.

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