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Supresión generalizada de la reclamación administrativa previa, sólo mantenida en pleitos sobre prestaciones de Seguridad Social

Desde el 2-10-2016 se suprimirá con carácter general la reclamación administrativa previa en la vía laboral que, de acuerdo con la exposición de motivos, se considera que “lejos de constituir una ventaja para los administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos”. En relación a esta cuestión hay que tener en cuenta:
1. Como excepción, la exigencia de reclamación administrativa previa quedará circunscrita a los pleitos en materia de prestaciones de la Seguridad Social respecto de los que se seguirán regulando las siguientes cuestiones:
a) La imposibilidad de introducir variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos respecto de los que fueran objeto de la reclamación administrativa (LRJS art.72 redacc L39/2015).
b) La suspensión de los plazos de caducidad y la interrupción de los de prescripción desde su interposición (LRJS art.73redacc L 39/2015).
c) La posibilidad de reconvención sólo será posible si se hubiera anunciado en tal reclamación previa, aunque obviamente también en conciliación administrativa o en la resolución que agote la vía administrativa en otros supuestos(LRJS art.85.3 redacc L 39/2015).
2. Respecto de la posibilidad de promover nueva demanda por despido individual se eliminará lógicamente la referencia a la reclamación previa contra persona a la que se hubiera atribuido erróneamente la cualidad de empresario(LRJS art.103.2 redacc L 39/2015).
3. En el caso de demanda al Estado para el reintegro de los salarios de tramitación abonados se aclarará (cambiando sólo la rúbrica del artículo) que el trámite actual de reclamación previa se considerará agotamiento de la vía administrativa previa a la judicial (LRJS art.117 redacc L 39/2015).
4. Hay que tener en cuenta que se mantendrá la exigencia general de agotamiento de la vía administrativa previa para poder demandar al Estado, CCAA, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, cuando así proceda de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo (LRJS art.69.1).
5. Tras la reforma de la LRJS solamente se mantendrá como excepción a la necesidad de agotamiento de la vía administrativa los casos de demanda por lesión de derechos fundamentales (LRJS art.70.2 redacc L 39/2015). De manera que del actual listado de pleitos exceptuados del agotamiento de la vía administrativa previa (también de la conciliación previa) a la entrada en vigor de la norma desaparecerán los siguientes:
a) Por un lado, los procesos relativos a la impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones, materia electoral, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, procedimientos de oficio, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos, impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, siendo en estos últimos potestativo, y reclamaciones contra el Fondo de Garantía Salarial (LRJS art.70.1 redacc L 39/2015).
b) Tampoco se excluyen de la exigencia de agotamiento de la vía administrativa las acciones laborales derivadas de derechos laborales de defensa frente a la violencia de género (LRJS art.70.3 redacc L 39/2015).
6. Respecto del régimen transitorio previsto para la aplicación futura de esta normativa hay que tener en cuenta lo siguiente (L 39/2015 disp.trans.3ª):
a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.
b) Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor de la presente Ley se sustanciarán por las normas establecidas en ésta.
c) Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán, en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma.
d) Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta Ley se regirán para su ejecución por la normativa vigente cuando se dictaron.
e) A falta de previsiones expresas establecidas en las correspondientes disposiciones legales y reglamentarias, las cuestiones de Derecho transitorio que se susciten en materia de procedimiento administrativo se resolverán de acuerdo con los principios establecidos en los apartados anteriores.

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