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Sujetos pasivos

Una entidad local organiza el transporte escolar de los alumnos mediante la contratación de empresas de transporte. Cumpliendo la legalidad vigente, a algunos de los usuarios se les cobra una cuota por su utilización. La diferencia entre lo que abonan y el coste real del servicio es cubierta por aportaciones de la entidad local.
Al considerar que la prestación del servicio de transporte mediante una aportación le convierte en sujeto pasivo del IVA, el Ayuntamiento ha deducido las cuotas repercutidas por las empresas transportistas. Sin embargo las autoridades tributarias le deniegan esa condición, detrayendo de la aportación que realiza un fondo de compensación al Ayuntamiento, las cantidades que se había deducido.
Entablada controversia entre ambas Administraciones, finalmente se eleva cuestión prejudicial ante el TJUE, que podemos resumir en si una entidad que presta este tipo de servicios, actúa en condición de sujeto pasivo del impuesto (Dir 2006/112/CE art.9.1).
En su contestación el TJUE concluye que:
1. Tal como se ha configurado el servicio, es posible afirmar que se produce una prestación de servicios. Ahora bien, para que se de el hecho imponible es necesario que este se realice a título oneroso (Dir 2006/112/ CE art.2.1c).
La onerosidad solo se produce cuando existe entre quien efectúa la prestación y su destinatario una relación jurídica en cuyo marco se intercambian prestaciones recíprocas y la retribución percibida por quien efectúa la prestación constituye el contravalor efectivo del servicio prestado al destinatario (entre otras TJUE 26-6-03 asunto C-305/01 MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring).
Partiendo de la premisa de que realizar una operación económica a un precio superior o inferior al de su coste, es irrelevante para calificarla de onerosa, la existencia de pagos por parte de algunos padres permite concluir que estamos ante una prestación de servicios de carácter oneroso.
2. No es suficiente que la prestación de servicios sea onerosa para concluir que estamos ante una actividad económica, siendo necesario tener en cuenta todas las condiciones que determinan dicha prestación.
El Ayuntamiento en este servicio recupera solo una mínima parte del coste real del servicio (3%), sin que además todos los usuarios se encuentren obligados al pago. Una diferencia de esta importancia entre los gastos de funcionamiento y los importes recibidos por los servicios prestados sugiere que la aportación de los padres debe asimilarse más a un canon que a una remuneración propiamente dicha.
La administración en este caso actúa como beneficiario y consumidor final de las prestaciones de transporte que adquiere a las empresas del ramo con las que contrata y cuyos servicios pone a disposición de los padres de los alumnos en el marco de la provisión de servicios esenciales.
Por todo lo anteriormente expuesto el TJUE entiende que en este caso la entidad local no puede ser considerada como sujeto pasivo del impuesto, al no realizar una actividad económica.

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