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Sociedad civil y régimen especial de agricultura ganadería y pesca

Tres sociedades civiles cuyos integrantes tienen lazos familiares, realizan actividades de explotación vinícola. El cultivo se realiza en emplazamientos diferentes y cada una de ellas utiliza sus propios medios y organización para la producción. Todas tienen la consideración de sujeto pasivo del impuesto y aplican el régimen común de tanto alzado de los productores agrícolas (Dir 2006/112/CE art. 295 a 305; LIVA art. 124 a 134 bis).
Con el objetivo de mejorar su explotación económica deciden crear una sociedad mercantil, que se encarga primordialmente de la compra de vinos de las explotaciones de las sociedades civiles para su venta a distribuidores y de la comercialización de dichos vinos a consumidores finales bajo una marca única. También produce vino con frutos comprados a viticultores a los que está vinculada mediante un contrato, y explota un hotel-restaurante.
A consecuencia de una inspección tributaria, la Administración cambia de criterio y considera que la explotación económica en realidad la realizan dos empresas, una asociación económica única formada por los socios de las sociedades civiles y la entidad mercantil, denegando la aplicación del régimen especial de forma retroactiva.
Iniciada controversia ante los tribunales estos acuden al TJUE planteando ante este organismo, varias cuestiones prejudiciales que obtienen las siguientes respuestas:
1. Sobre si en este caso podemos suponer que las sociedades civiles son sujetos pasivos independientes, recuerda que una de las caracteristicas para apreciar su existencia es el ejercicio independiente de la actividad económica (TJUE 29-9-15 asunto Gmina Wroclaw C-276/14 apdo.28).
La cooperación entre la entidad mercantil y las entidades civiles tal como se está ejerciendo, es consecuencia de una opción para organizar su actividad económica que en ningún caso desvirtúa la independencia. Cada una organiza sus formas de producción y se presenta frente a sus proveedores de forma autónoma, soportando el riesgo económico ligado a su actividad.
Por todo lo anterior, en este caso, existen empresarios independientes y sujetos independientes.
2. Si presente esta forma de organización las entidades civiles pueden aplicar el régimen de tanto alzado de los productores agrícolas, el Tribunal acude a los dos objetivos que se fijaron a este régimen: la simplificación y el compensar la carga del IVA soportado por los agricultores (TJUE 8-3-12, asunto Comisión/Portugal C-524-10).
Sin que la legislación nacional excluya a las sociedades civiles que se encuentran unidas a una sociedad mercantil, es necesario estudiar si la aplicación a estas cumple los objetivos para los que fue creado el régimen. Es por tanto la posibilidad de que estas entidades se encuentren materialmente en condiciones de hacer frente a las cargas administrativas que conlleva la aplicación del régimen general o simplificado lo que debe estudiar el Tribunal remitente, y que marcara si es posible aplicar el régimen especial.
En ningún caso, en el estudio se deben tener en cuenta la reducción de costes que puede llevar la aplicación de los distintos regímenes.
3. Respecto a la retroactividad de la perdida del régimen especial, el principio de seguridad jurídica no es contrario a que en el plazo de prescripción la Administración practique una nueva liquidación (TJUE 6-2-14 asunto Fatorie C-424/12; 9-7-15 asunto Tomoiga Andrei C-144/14). Situación aplicable también a cuando se pone en cuestión la aplicación de un régimen del que disfrute un sujeto pasivo del impuesto, siempre que la apreciación se produzca antes de la prescripción y sus efectos no se retrotaigan a una fecha anterior.
Por tanto el que la Administración reconociera en un principio la existencia de tres sujetos pasivos no influye a la cuestión, puesto que ese cambio es consecuencia de elementos facticos y jurídicos posteriores al reconocimiento y previos a la prescripción.

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