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Sociedad civil interna y comunidad de bienes

Dos profesionales utilizan un inmueble como arrendatarias para el ejercicio individual de su profesión de psicólogas, cada una con un despacho de uso exclusivo y compartiendo otros despachos y elementos comunes.
El deterioro de las relaciones personales entre las coarrendatarias origina la presentación de demanda por parte de una de ellas solicitando que se condenase a la demandada con:
– retirar cualquier videocámara o instrumento de grabación audiovisual que se encuentre instalado, sin consentimiento de la otra coarrendataria;
– optar por la retirada de la cerradura en un despacho común o entregar un juego de llaves de dicha cerradura;
– retirar un aparato gris sito en la cocina así como cableado y enchufes;
– no ocupar espacios comunes ubicando en ellos a sus empleados y a no instalar objetos o materiales de su propiedad.
El TS señala que en este caso, la correcta calificación de la relación jurídica entre las partes (la AP calificaba como comunidad de bienes), es la de sociedad civil interna (CC art.1669.1), y más concretamente una de las sociedades particulares del CC art.1678: sociedad interna de medios.
Las sociedades civiles internas se regirán por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes (CC art.1669). Sin embargo, sólo son directamente aplicables normas que estructuran la titularidad sobre el patrimonio o fondo común, y las relaciones entre los socios/comuneros se regirán, en principio, por las normas del contrato de sociedad (esto se infiere de las palabras iniciales del CC art.392: “A falta de contratos..”).
El TS a la luz de la jurisprudencia anterior fija su doctrina respecto al significado del art.394 CC y su relación con el art.398:
1. El CC art.394 atribuye a cada comunero la facultad de servirse y usar plenamente la cosa común (definido por la jurisprudencia como “uso solidario”, TS 7-5-07, EDJ 32753; TS9-12-15, EDJ 259179), siempre que respete los límites de un uso “conforme a su destino” y que “no perjudique el interés de la comunidad”. De tal manera que el ejercicio por un partícipe de la facultad de uso solidario de la cosa común que le reconoce el CC art.394 no está condicionado a que exista un previo acuerdo de la mayoría de comuneros que así lo autorice, conforme al CC art.398.
2. Por lo tanto habrá de rechazarse, en cualquier caso, toda pretensión de un comunero de limitar el ejercicio por otro de la facultad de uso solidario, cuando el concreto uso de que se trate beneficie a éste y no cause a aquél ningún perjuicio relevante.
Conforme a lo expuesto, los usos del derecho arrendaticio común por parte de una de las coarrendadoras no pueden calificarse de “alteraciones de la cosa común” en el sentido del CC art.397, por:
– no ser contrarios al “destino” establecido por las partes;
– no impedir el ejercicio de uso solidario de la cosa común;
– no contravenir el acuerdo inicial entre las coarrendadoras de que cada una tendría un uso excluyente de su respectivo despacho.
Así, respecto del uso por los comuneros de la cosa común rige a todas luces el CC art.394, y si este precepto no existiera, la regla o máxima jurídica aplicable sería quod tibi non nocet et alii prodest non prohibetur (“lo que a ti no te daña y a otro beneficia, no se prohíbe”).

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