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Requisitos específicos para acceder al subdidio de desempleo para liberados de prisión por determinados delitos

La sentencia del Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo el apartado 1 de la antigua LGSS/94 disp.adic.66ª incorporada por la L 22/2013 disp.final.4ª.8 de Presupuestos Generales del Estado para 2014. En ella se estableció que los liberados de prisión que hubieran sido condenados por la comisión de alguno de los delitos siguientes (CP art.36.2.a, b redacc LO 1/2015):
– referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo;
– delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.
Sólo podían obtener el subsidio cuando, además de reunir las condiciones establecidas con carácter general, acreditaban, mediante la oportuna certificación de la Administración penitenciaria, haber cumplido los requisitos siguientes: la satisfacción de la responsabilidad civil; que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas; haber colaborado activamente con las autoridades (LO 1/1979 art.72.6).
La sentencia analiza, en primer lugar, la duda de orden formal, consistente en el examen del vehículo empleado para la aprobación del precepto cuestionado: la Ley de presupuestos generales del Estado para 2014. Estas leyes tienen un contenido propio y determinado (Const art.134), lo que significa que la norma debe ceñirse a ese contenido y también que ese contenido sólo puede ser regulado por ella. Ese contenido puede ser de dos tipos: contenido propio o núcleo esencial (previsión de ingresos y gastos); y contenido eventual o no necesario (que tienen una relación directa con los ingresos o gastos del Estado, responden a los criterios de política económica del Gobierno o se dirigen a una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto). La norma en cuestión no forma parte del núcleo esencial, y respecto al contenido eventual, es evidente que toda medida legislativa tiene siempre algún efecto presupuestario, porque requerirá un incremento de gasto o supondrá una reducción del gasto o un incremento de los ingresos, pero la simple reducción de gastos que implica la medida analizada no es suficiente para legitimar su inclusión en la Ley de presupuestos.
Al entender el TCo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado empleada para la aprobación del precepto aplicado por la Administración para denegar el subsidio de desempleo no era adecuada para ello (duda de orden formal); no entra a analizar las dudas de fondo que le genera el precepto al TSJ del País Vasco (por contravenir su contenido mandatos materiales de la Constitución: la igualdad ante la ley del art.14; la garantía de indemnidad derivada del art. 24.1; el non bis in idem del art.25.1 y el mandato de reeducación y reinserción social de las penas del art.25.2).

NOTA
La propia sentencia recoge que la citada disposición adicional, aplicable al proceso a quo por razones temporales, ha sido derogada y se corresponde con la vigente LGSS (RDLeg 8/2015) art.274.2.a, pero ello no determina la pérdida de objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad.

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