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Reclamación de deuda derivada de préstamo bancario después de su vencimiento dentro del plazo de prescripción

Los autos se refieren a la concertación con un banco de una póliza de crédito en cuenta corriente, con un determinado límite de cuantía y una fecha expresa de vencimiento del mismo, pactándose en dicha póliza un interés nominal y unos intereses moratorios.
Llegado el vencimiento sin haberse hecho efectivo el pago del principal, el banco procedió al cierre de la cuenta y a su liquidación, con la preceptiva intervención de corredor de comercio resultando un saldo deudor.
El banco reclamó el saldo en un procedimiento ejecutivo, desestimándose la demanda y declarándose la nulidad del juicio ejecutivo por no poder estimarse líquida la cantidad exigible, careciendo en consecuencia de fuerza ejecutiva el título al tiempo de despacharse la ejecución.
Al mismo tiempo, la sociedad que pidió el préstamo bancario solicitó la suspensión de pagos.
El motivo de esta sentencia se centra en determinar si, quien reclama el pago de un crédito años después de haberse contraído, pero dentro del plazo de prescripción, está actuando de forma leal o bien está incurriendo en un abuso del derecho, sobre todo cuando esta deuda está generando unos intereses que, como en el caso que nos ocupa, pueden ser de elevada cuantía.
Para apoyar la teoría de que dicha reclamación no supone retraso desleal en el ejercicio de los derechos debe tenerse en cuenta que el banco recurrente interpuso la acción de reclamación del pago pendiente cuando supo que los deudores habían venido a mejor fortuna, por haber obtenido una indemnización, a cargo del propio banco, que cubría de forma correcta toda la deuda contraída, es decir, el principal y los intereses pactados. De esta manera quedaba cumplido el principio contenido en el CC art.1911, según el cual el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros.
Hay que señalar que la cuantía de los intereses moratorios fue pactada por las partes en un momento en que las cantidades que se estipulaban en el mercado por el tipo de préstamos como el otorgado a los demandados-recurridos era muy elevada, si bien ello entraba dentro de la normalidad en la época en que se pactó el crédito.
La cuestión se centra pues en el CC art.7.1, que establece que “los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe“, la cual debe interpretarse según la jurisprudencia en la “conducta contradictoria del titular del derecho, que ha hecho que la otra parte confiara en la apariencia creada por dicha actuación”.
Visto lo anterior y aplicándolo al objeto discutido en este recurso de casación, debe concluirse que no ha habido un ejercicio retrasado del derecho de crédito del que el banco recurrente es titular, y ello basado en las siguientes razones:
a) Las relaciones entre acreedor y deudor se habían mantenido a lo largo de todos los años transcurridos desde la primera reclamación por impago de la deuda cuyo pago se reclama. Ninguna confianza se generó en el deudor de que el banco había abandonado su pretensión de cobrar, según se deduce de los hechos declarados probados y así, el banco inició un procedimiento ejecutivo, que no pudo llevar adelante por haberlo planteado incorrectamente y ejecutó una hipoteca que garantizaba las obligaciones del deudor, si bien la también incorrecta reclamación, produjo, a posteriori, un procedimiento del deudor en petición de una indemnización, que fue acordada.
b) Ante la situación económica del deudor, que originó el inicio del procedimiento para la suspensión de pagos, el banco compareció en la lista de acreedores, obteniendo el reconocimiento de su crédito y de la cantidad adeudada, cuya cuantía ha quedado firme, al no haberse recurrido esta parte de la sentencia de instancia.
c) El propio banco cerró la cuenta de crédito de su deudor.
d) El deudor ahora recurrido interpuso una acción reclamando al banco una indemnización por la responsabilidad en que aquél había incurrido en el procedimiento de ejecución hipotecaria, obteniendo una importante indemnización. La sentencia fue ejecutada después de cinco años de inactividad del deudor, que reconoció que solo la había ejecutado por razones de caducidad de la acción ejecutiva.
e) Todas estas circunstancias obligan a concluir que, por parte de banco, no hubo una conducta que permitiera a los deudores llegar a concluir que había renunciado al ejercicio de la acción de reclamación de la cantidad debida, teniendo en cuenta, además, que dicha demanda se produjo dentro del plazo de 15 años (CC art.1964), plazo establecido para la prescripción de las acciones personales.
f) La sentencia recurrida señala que los intereses acumulados por el impago reiterado de los deudores resultan abusivos, teniendo en cuenta el monto del interés pactado y el tiempo transcurrido, si bien ello no es aceptable porque el interés pactado entraba dentro de la normalidad en la época en que se pactó el crédito. En definitiva, la acumulación de intereses es debida no a la conducta hipotéticamente desleal del ahora recurrente, sino a la falta de pago de los propios deudores, que dejaron transcurrir un largo periodo de tiempo sin hacer efectiva la deuda, cuestión que queda avalada, además, al quedar patente que no se trataba de deudores inactivos, lo que se demuestra en la acción ejercitada contra el banco recurrente para reclamar la indemnización, que finalmente se obtuvo.

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