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Proceso penal y procedimiento sancionador en materia de prevención de riesgos laborales

Un trabajador sufre un accidente al entrar en contacto con una línea de alta tensión, y fallece como consecuencia del mismo. En el lugar de trabajo se encontraba otro trabajador de la misma empresa, careciendo ambos de la formación en información necesarias para la realización del trabajo que estaban efectuando, así como un socio de la empresa para la que realizaban los servicios, que era trabajador autónomo.
A la empresa se le impone una sanción por infracción grave de 40.986 € derivada de la falta de evaluación de riesgos, de planificación de la actividad preventiva y falta de formación e información del trabajador para el desarrollo de su trabajo sobre un andamio a la vez que se inicia un procedimiento penal. La empresa recurre en suplicación oponiendo la caducidad del expediente administrativo.
El principio non bis in idem establece la imposibilidad de imponer una doble sanción por los mismos hechos, y no solo se orienta a impedir el resultado de la doble incriminación y castigo a un mismo sujeto por unos mismos hechos, sino que también se pretende evitar que recaigan eventuales pronunciamientos de signo contradictorio como consecuencia de la sustanciación simultánea o sucesiva de dos procedimientos -penal y administrativo- atribuidos a autoridades de diferente orden.
En el presente caso, los hechos objeto de investigación criminal tienen una evidente conexión directa con los analizados en el expediente sancionador administrativo, aunque la investigación realizada en la jurisdicción penal se haya dirigido a examinar las conductas desarrolladas por tres personas por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores, derivado del fallecimiento del trabajador, mientras el procedimiento administrativo se centró en los incumplimientos empresariales de la normativa de prevención de riesgos laborales. En definitiva, la suspensión del expediente administrativo sancionador fue correcta, por lo que no es posible estimar las excepciones de caducidad ni de prescripción alegadas.
La tramitación de un proceso penal en materia de prevención de riesgos laborales paraliza el procedimiento sancionador, e interrumpe la prescripción, siempre que exista una conexión directa entre las actuaciones administrativas y penales, sin necesidad de que exista una identidad subjetiva, es decir independientemente de que las actuaciones penales no se sigan contra la empresa como tal sino contra sus directivos.

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