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Procedimiento de gestión: anulación de liquidaciones

Tras un procedimiento de comprobación limita en relación con el IRPF 2007, se notifica al obligado tributario el 7-6-2014 liquidación provisional. No conforme, interpone reclamación económico-administrativa. El TEAR estima las pretensiones del reclamante y trasladado el fallo a la oficina gestora, el 24-7-2015 procede a suejecución: se anula la liquidación aprobada y se dicta un nuevo acto de liquidación.
Disconforme con el cómputo de los intereses de demora, el contribuyente insta incidente de ejecución, que es estimado mediante fallo de 4-12-2015. No obstante, cursa contra la nueva liquidación y por segunda vez, un nuevo incidente, en este caso alega la prescripción del derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria.
El TEAR desestima las pretensiones del reclamante indicando que las sucesivas liquidaciones aprobadas por la oficina gestora no fueron el resultado de un procedimiento de gestión, sino de la directa ejecución del fallo del TEAR; actos de ejecución que no forman parte del procedimiento en el que fueron adoptados y objeto de impugnación. Todo ello en base a que la anulación de las liquidación se realiza por razones de fondo.
Recurrido el fallo, el TSJ Asturias, mantiene el criterio del TEAR y al igual que este, recuerda que no resulta aplicable a los procedimientos de gestión las normas del procedimiento inspector en los casos de anulación y retroacción de actuaciones (LGT art.150.5 redacc original hoy, LGT art.150.7).
Elevada la cuestión ante el TS, el objeto de debate se centra en determinar el plazo con el que cuentan los órganos de gestión tributaria para dictar una nueva liquidación, una vez anulada la anterior por razones de fondo.
El Tribunal, considera de interés casacional para la formación de la jurisprudencia determinar si la LGT art.150.5 redacc original (hoy LGT art.150.7) se aplica a los procedimientos de gestión con el alcance fijado por el propio TS (es decir, en cualquier supuesto de anulación por razones de forma o fondo, con o sin retroacción de actuaciones).
Recuerda que esta materia ya fue objeto de desarrollo por el TS 31-10-17, EDJ 243625, y concluye:
– Que las normas del procedimiento inspector no se aplican para la adopción de una nueva resolución en sustitución de la que, poniendo fin a un procedimiento de gestión tributaria, es anulada por un órgano de revisión por defectos materiales.
– Que anulada una resolución por motivos de fondo, la nueva decisión constituye un acto de ejecución que debe adoptarse en la forma y plazo de un mes de la LGT art.239.3 (antes previsto en el RGR art.66 redacc original).
Es por ello que desestima el recurso de casación.

NOTA
El TS 31-10-17 establece que no puede aplicarse un precepto específico del procedimiento de inspección al régimen general de duración de las actuaciones tributarias y por lo tanto, la norma a tener en consideración es el plazo general de seis meses establecido para los procedimientos tributarios. En el caso de anulación por motivos de forma con retroacción de actuaciones, como no se inicia un nuevo procedimiento no puede iniciarse un nuevo plazo de cómputo; la Administración debe tramitar el procedimiento retrotraído y notificar una resolución al interesado en el plazo que reste desde que se realizó la actuación procedimental causante de la anulación del acto administrativo hasta completar el plazo general de duración de los procedimientos tributarios; y en el caso de anulación por motivos de fondo, hay que dictar una nueva liquidación que sustituya a la anulada, sin que se produzca retroacción de actuaciones, ni opere el plazo general de los procedimientos de gestión (LGT art.104).

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