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Prioridad del orden penal y concurrencia de sanciones

En el desarrollo de la construcción de una planta de prospección de gas una empresa principal subcontrató, entre otras, a una empresa especialista en ascensores. Tras producirse un grave accidente de trabajo se inicia expediente sancionador por la Inspección Provincial de Trabajo. Esta actuación administrativa fue suspendida por la apertura de diligencias previas ante el Juzgado de Instrucción.
Diez años más tarde el Juzgado de lo Penal dicta sentencia condenando al empresario y varios directivos y jefes de proyecto -tanto de la principal como de la contratista- lo que motiva que se levante la suspensión del expediente sancionador. Dicho expediente concluye con una resolución que impone una cuantiosa sanción administrativa a la empresa principal.
Para la sentencia recurrida, que consideró contraria a derecho la sanción administrativa, la cuestión fundamental consistía en determinar si la resolución que impuso dicha sanción se encontraba o no prescrita. Sin embargo, para el Tribunal Supremo, que desestima el recurso confirmando así la sentencia de instancia, entran en juego, además, otros argumentos:

1. La prescripción de las infracciones administrativas es cuestión de orden público que puede ser apreciada de oficio.
2. El principio de supremacía del orden penal se basa en la imposibilidad de imponer una doble sanción por los mismos hechos. Se trata de una articulación procedimental del principio non bis in idem que no solo se orienta a impedir el resultado de la doble incriminación y castigo a un mismo sujeto por los mismos hechos, sino que también pretende evitar que recaigan pronunciamientos de signo contradictorio como consecuencia de la sustanciación simultánea o sucesiva de dos procedimientos atribuidos a autoridades de diferente orden.
3. Procede la paralización del expediente administrativo sancionador si hay conexión directa con las actuaciones penales seguidas, sin necesidad de total identidad subjetiva, y si el proceso finaliza con sentencia penal condenatoria no cabe posterior sanción administrativa por los mismos hechos.
4. El principio non bis in idem constituye un derecho fundamental del ciudadano frente a la decisión de un poder público de sancionarlo por unos hechos que ya fueron objeto de sanción (TCo 177/1999).
5. Aunque la Administración actuó correctamente al paralizar el expediente y la prescripción las infracciones quedó paralizada, únicamente hubiera podido continuar con el expediente sancionador de no haber estimado la sentencia la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo poniendo fin al procedimiento penal. Al reactivar el expediente pese a que existe sentencia penal condenatoria por los mismos hechos, es cuando opera la prohibición de sancionar doblemente.

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