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Prescripción del plazo para reclamar una indemnización de daños y perjuicios por fallecimiento derivado de enfermedad profesional

Los hechos sobre los que versa la sentencia referenciada son los siguientes: el padre falleció el 5-1-2005; inicialmente el INSS reconoció la pensión de viudedad como derivada de enfermedad común el 1-2-2005; tras reclamación previa el INSS reconoció su origen profesional el 6-4-2009 y el 28-4-2009 reconoció a la viuda indemnización a tanto alzado derivada del fallecimiento d de 6.988,61 €, que tras demanda contra la misma por sentencia de 6-4-2010 se reconoció la indemnización de 12.716 €, y, posteriormente, confirmada por el TSJ Cataluña de 25-7-2011. En fecha 21-12-2011 la esposa y viuda del trabajador fallecido interpuso demanda en reclamación de daños y perjuicios contra la empresa de la que desistió el 12-6-2012, volviendo a formular la demanda, origen de las presentes actuaciones, el 5-10-2012. Por resolución del INSS de 23-10-2012 se declaró la responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad imponiendo un recargo de prestaciones.
Con tales hechos, el TSJ Cataluña entendió que la acción no estaba prescrita pues el cómputo del plazo de un año no podía comenzar hasta el momento en que quedó firme la sentencia que estableció definitivamente la indemnización a tanto alzado que debía abonar la Seguridad Social como prestación derivada del fallecimiento del trabajador a causa de enfermedad profesional (25-7-2011).
A tal efecto, el TS considera que la prescripción sólo ha de perjudicar a quien -con su inactividad- haya hecho efectiva dejación de sus derechos. Por lo que se refiere, concretamente, a las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la Sala ha venido construyendo una sólida doctrina jurisprudencial en los siguientes términos:
a) La fecha inicial para el cómputo de los plazos de prescripción de todas las acciones se inicia desde el momento en que pudieron ser ejercitadas.
b) Aunque el «dies a quo» para reclamar tal responsabilidad empresarial se sitúa cuando la acción puede ejercitarse, ello no necesariamente equivale al momento en que acaece el AT o al del alta médica en el mismo o en la EP; como tampoco se inicia en la fecha en que se impone el recargo por infracción de medidas de seguridad.
c) El plazo no puede iniciarse hasta que el beneficiario tiene un cabal conocimiento de las secuelas del accidente y de las mermas que tales secuelas producen, tanto en su capacidad de ganancia, como en su patrimonio biológico. Ello sólo ocurre, al no ser firme la resolución del INSS en vía previa, cuando recae sentencia de la Sala de lo Social.
d) Asimismo, hay que tener en cuenta que del importe total de los daños han de deducirse las cantidades que, por prestaciones de la Seguridad Social, haya podido percibir el beneficiario y éstas cantidades no son conocidas hasta tanto sea firme la resolución que lo declara.
Aplicando esta doctrina al supuesto del presente recurso, el inicio del plazo prescriptorio no podía iniciarse hasta que no se dieran dos circunstancias concurrentes: la primera, que existiese resolución firme por la que se declarase que la contingencia de la que derivaba la prestación discutida era profesional, en concreto, derivada de enfermedad profesional; y, la segunda, que también existiese resolución firme que fijase las cantidades que por prestaciones de Seguridad Social tenía derecho a percibir su beneficiario para que dichas cantidades pudieran deducirse del monto global que hubiera que reclamar a la entidad demandada. Ambas condiciones se produjeron después del fallecimiento del causante, por lo que la prescripción del derecho de sus herederos a reclamar la oportuna indemnización de daños y perjuicios no pudo iniciarse con el fallecimiento del causante, dado que en dicha fecha se desconocían las dos circunstancias aludidas. Por tanto, el dies a quo quedó establecido en la fecha de la firmeza de la sentencia de 25-7-2011 que reconoció la prestación de pago único derivada de viudedad la cónyuge supérstite. La demanda en reclamación de daños y perjuicios interpuesta interrumpió la prescripción aunque luego se desistiera pues la interrupción se produce con independencia del resultado del litigio, e incluso en los supuestos de desistimiento que sólo implica una renuncia a seguir en el proceso, pero no al ejercicio de la acción que se mantiene viva. Interpuesta, nuevamente, demanda que originó las presentes actuaciones el 5-10-2012, la acción no estaba prescrita.
Aunque la TS 21-6-11, EDJ 231640, en un caso similar, en el que los herederos de un trabajador fallecido a consecuencia de una enfermedad profesional reclamaron la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, señaló que el día en que la acción pudo ejercitarse era el del fallecimiento; sin embargo, los hechos presentan notables diferencias con los contemplados en el supuesto de la sentencia referenciada, ya que el origen profesional y la prestación correspondiente quedaron firmes poco tiempo antes del fallecimiento. En dicho supuesto el problema del inicio de la prescripción se planteaba entre la fecha de reconocimiento de la IPA para el causante y la posterior fecha de su fallecimiento. Como ha quedado acreditado, en el presente supuesto los hechos son notoriamente diferentes en la medida en que tanto la fijación del origen profesional de la contingencia como la concesión de la prestación en su plenitud ocurren después del fallecimiento del trabajador causante.

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