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Plan hidrológico. Baleares

El plan hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Islas Baleares se aprobó por RD 701/2015, estableciéndose que fuera objeto de publicación el contenido del mismo, especialmente la parte normativa y sus anexos.
El objeto del plan -según L Baleares 1/2001– es conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas incluidas en la demarcación citada, incluyendo tanto las aguas superficiales continentales, como las aguas costeras y de transición y las aguas subterráneas, para:
a) Alcanzar y mantener el buen estado ecológico y químico de las masas de agua superficiales y el buen estado químico y cuantitativo de las subterráneas.
b) Recuperar integralmente los costes en los servicios relacionados con el agua, incluidos los ambientales y los relativos a los recursos, salvo que sean desproporcionados.
Se cuantifican también las dotaciones y demandas de los usos en las masas de agua subterráneas, diferenciándose los siguientes: uso urbano, agrojardinería, industrial, regadío y ganadería.
En las masas costeras y de transición los usos pueden ser consuntivos o no consuntivos.
Queda normativamente previsto, asimismo, el orden de prioridad entre usos, así como el orden de preferencia de aprovechamientos dentro del mismo uso.
En relación con la coordinación con los instrumentos de ordenación territorial, la Administración hidráulica debe aprobar las medidas de ordenación para la prevención de daños en relación con la modificación de los límites de las zonas de servidumbre y de policía y la restricción de usos del suelo.
Los instrumentos de ordenación, a su vez, en la ordenación de los usos no pueden incluir determinaciones que no sean compatibles con el contenido de los planes de gestión del riesgo de inundación, y han de reconocer el carácter rural de los suelos en los que concurran dichos riesgos de inundación u otros accidentes graves.
Los planes de protección civil existentes se han de adaptar -o redactar, si son novedad- para considerar la inclusión en los mismos de los mapas de peligrosidad y riesgo, y al contenido de los planes de gestión del riesgo de inundación. Los planes de desarrollo agrario, política forestal, infraestructura del transporte y demás con incidencia en las zonas inundables igualmente han de ser compatibles con aquéllos.
En todo caso, los nuevos desarrollos urbanísticos que supongan una impermeabilización de una superficie igual o superior al 25% de la superficie de desarrollo, deben realizar un estudio hidráulico que garantice la capacidad de desagüe aguas abajo.
Queda prohibida la realización de cualquier actuación que interrumpa tanto el funcionamiento hidráulico como la dinámica fluvial de la red de drenaje natural del territorio o que, por su localización o diseño, pueda actuar como dique en el discurso de las aguas y aumentar los daños potenciales causados por una inundación.
Todas las infraestructuras lineales han de incorporar en su diseño los pasos de agua necesarios para las avenidas correspondientes al tipo de obra de que se trate.
Los desarrollos urbanos, urbanizaciones, polígonos industriales que representen incremento de la impermeabilización del suelo y, por tanto, de la escorrentía natural, para no condicionar la capacidad de desagüe de los lechos, han de estudiar y adoptar actuaciones de corrección hidrológica forestal, que minimicen el impacto derivado de dichas actuaciones sobre la capacidad de desagüe de los cauces. Sin embargo, mientras no se aprueben los planes de gestión de riesgo de inundación, la definición de las zonas inundables debe realizarse por los promotores de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
La aprobación de nuevas urbanizaciones y la legalización de las existentes exige que los promotores acrediten el futuro uso de los pozos y captaciones existentes en su ámbito, que debe ser compatible con la del título de derecho otorgado y la planificación hidrológica vigente, y coherente con el nuevo uso de las parcelas donde queden ubicados. Si existen pozos o captaciones en las que no se pueda acreditar este uso, los promotores deben tramitar el desistimiento del derecho otorgado y proceder a la clausura del pozo o desmontaje de la obra de captación.
La vigencia del plan ha de iniciarse con su publicación en el boletín oficial correspondiente, manteniendo su vigencia hasta su revisión y posterior aprobación, sin perjuicio de la previsión de ciclos de planificación coincidentes con las correspondientes revisiones del mismo.

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