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Orden jurisdiccional competente para conocer la reclamación del exceso de retención de IRPF practicado e ingresado

Los hechos que dieron lugar al presente recurso, parten del abono de unas indemnizaciones a dos trabajadores por parte de la empresa descontando e ingresando en el Tesoro las retenciones del IRPF que consideró pertinentes, pero que resultaron excesivas. Solicitó, por tanto, a la Agencia Tributaria la rectificación de la autoliquidación presentada y la devolución de ingresos indebidos. La Agencia Tributaria declaró improcedente la devolución, toda vez que dichos trabajadores se habían deducido dichos excesos en su respectivas declaraciones del IRPF. La empresa solicitó a los trabajadores la devolución del importe que entiende ilegítimamente percibido. En instancia se declaró la incompetencia de jurisdicción, y en suplicación, por contra, sí se consideró competencia del orden social y acordó acordamos la retroacción de actuaciones procesales al momento de dictarse sentencia para que se pronunciara sobre el fondo del asunto. Frente a dicha sentencia se formalizó recurso de casación para unificación de doctrina.
El TS ha declarado que la determinación de si han de realizarse o no retenciones a cuenta del IRPF, y en su caso por qué importe, es tema que está sujeto a leyes de naturaleza fiscal y no laboral, cuya interpretación y aplicación corresponde a los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo; pero cuando lo que se debate no es lo que se debe ingresar en el Tesoro Público en concepto de retención complementaria como consecuencia de un error en el ingreso anterior, sino si el retenedor puede reintegrarse del pago realizado mediante un descuento en los salarios, estamos ante una cuestión que corresponde al orden social.
En estos casos aunque se está ante una controversia que tiene su origen último en una carga tributaria, como es el IRPF, a cargo directo del trabajador, el litigio no versa para nada sobre la procedencia o cuantificación de dicha carga tributaria sino, pura y simplemente, sobre la forma y manera en que, voluntaria y unilateralmente, la empresa pretende solventar los errores por ella cometidos en la exacción de dicho tributo.
Por tanto, en este caso, se está ante un litigio netamente laboral, en la medida en que el debate gira en torno al importe que la empresa debió de satisfacer por razón de la indemnización pactada, siendo la suma de la retención e ingreso en el Tesoro Público determinante para el cálculo final de la obligación empresarial.

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