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Obligaciones de los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles

Se encomienda al Colegio de Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles la constitución -antes del 16-3-2016– de un Órgano Centralizado de Prevención con la función de promover y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas.
Todos los registradores quedan incorporados automáticamente a dicho órgano descentralizado.
El director de dicho órgano centralizado será designado por la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores y ostentará con carácter nato la condición de representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
El Órgano Centralizado de Prevención asumirá las siguientes funciones:
a) Examen con especial atención de aquellas operativas en las que concurran las circunstancias establecidas en la L 10/2010 art.17, remitidas para su análisis por los registradores o bien detectadas de manera directa por el Órgano Centralizado de Prevención, mediante el tratamiento de la información contenida en las bases de datos registrales.
b) Comunicación, a través de su director y preferentemente a través de medios telemáticos, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de los hechos u operaciones que presenten indicios o certeza de que estar vinculados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo,
c) Análisis de los riesgos que, en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, enfrenta la actividad desarrollada por los funcionarios colegiados, el cual deberá ser revisado periódicamente para garantizar su vigencia.
d) Elaboración y mantenimiento del Manual de procedimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el cual deberá estar siempre accesible para su uso y consulta por parte de todos los funcionarios incorporados y el personal dependiente de aquéllos.
e) Formación, de forma presencial o por medios telemáticos, de los registradores y su personal, enfocadas al conocimiento de las obligaciones legales vigentes, así como de los procedimientos internos puestos en marcha para cumplir con aquéllas.
f) Supervisión de los funcionarios incorporados.
Tanto los registradores como los miembros del Órgano Centralizado de Prevención quedan sujetos a un deber de confidencialidad, no pudiendo revelar, ni al solicitante de la inscripción ni a terceros, el suministro de información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, a petición de éste, ni la realización de una comunicación de operativa sospechosa o el hecho de estar realizando el proceso de examen especial.

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