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Legitimidad de la videovigilancia sin necesidad de información expresa al trabajador

El TS resuelve en Pleno sobre la validez, en dos supuestos, de las pruebas de videovigilancia empleadas para justificar el despido de sendos trabajadores. En el primero de ellos, se despide a un trabajador por transgresión de la buena fe contractual, fraude, deslealtad y abuso de confianza, mediante la manipulación de tickets y hurtando diferentes cantidades. En el otro caso se despide disciplinariamente al director técnico de un gimnasio que, mediante la manipulación del torno de entrada con su pulsera de acceso, facilita la entrada gratuita y sin registro a miembros de otros clubs deportivos.
Considerando válida la obtención de estas pruebas, el TS hace suya la doctrina del TCo sobre esta materia que rebaja las exigencias informativas que debe facilitar la empresa la trabajador cuando instala un sistema de videovigilancia (TCo 39/2016).
En ambos casos la empresa cuenta con un sistema de videovigilancia por razones de seguridad, no tratándose de una instalación oculta, ya que era conocida por los trabajadores, aunque no se les hubiese informado expresamente de la finalidad de control de la actividad laboral. También en ambos casos preexiste una situación de desconfianza propiciada por un clima de abusos anteriores, en el uso del torno de entrada a las instalaciones del gimnasio en una, en el manejo de la caja registradora en la otra.
Recuerdan, ambos pronunciamientos, que las facultades organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, quedando obligado el empleador a respetarlos. La constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de los mismos queda determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. Para comprobar que así sucede son necesarios tres requisitos:

1. Superar el juicio de idoneidad, es decir, que la medida sea apropiada para conseguir el objetivo propuesto.
2. Superar el juicio de necesidad, o sea, que no exista otra medida más moderada para la consecución del objetivo con igual eficacia.
3. Superar el juicio de proporcionalidad, es decir, que se deriven de ella más beneficios para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.

Por otra parte, las circunstancias de ambos casos excluyen la indefensión que pudiera derivar de la afectación sorpresiva del trabajador, dado que existía constancia de las conductas irregulares y público conocimiento de la colocación de las cámaras.
Así las cosas, el uso de la videocámara reviste, en estos casos, carácter razonable y proporcionado a su objeto sin que por el lugar de su instalación exista riesgo para la vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar ni por las circunstancias de tiempo y oportunidad lo haya tampoco para el pleno ejercicio de sus derechos al haber actuado el trabajador como lo ha hecho, siendo conocedor de que su conducta estaba siendo grabada y, en el segundo de los supuestos, esa misma conducta ya había sido objeto de sanción años atrás a otro director, de lo que había sido testigo el trabajador despedido.

NOTA
La TS unif doctrina 2-2-17, Rec 554/16 contiene voto particular.

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