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La mera imputación penal del trabajador no es causa de despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual

Un abogado contratado en la asesoría jurídica de una entidad bancaria , fue despedido disciplinariamente aduciéndose en la carta “una evidente conducta transgresora de la buena fe contractual y abuso de confianza” y en definitiva una falta muy grave según el CCol aplicable por haber resultado imputado en un procedimiento seguido ante la AN en el marco de la causa conocida como “operación emperador” contra el blanqueo de capitales. La empresa tuvo conocimiento de tales hechos unos días antes cuando el trabajador acudió más tarde al banco acompañado de la policía judicial y la secretaria del juzgado de la AN, quienes procedieron al registro de su puesto de trabajo, interviniendo documentación de carácter personal así como archivos informáticos existentes en el disco duro del PC del trabajador y otros archivos a los que éste pudiera acceder a través de la red. El trabajador notificaría más tarde a su responsable que había sido imputado en la mencionada operación y puesto en libertad con cargos bajo fianza de 25.000 €.
En instancia el juzgado de lo social consideró que al no haberse acreditado la causa imputada, el despido era improcedente. Sin embargo en suplicación se declaró el despido nulo por vulneración de los derechos del trabajador a su imagen, honor e intimidad, pues había sido objeto de una grave reprobación social y laboral, como es la pérdida del empleo, cuestionando anticipadamente la empresa su comportamiento legal y ético sin que hubiera existido sanción penal. El TS resuelve el recurso de casación para unificación de doctrina, alineándose con la dictada en instancia, casando y anulando la dictada en suplicación. La sala cuarta considera en concreto que:
1. No constituye falta grave de transgresión de la buena fe contractual, susceptible de ser sancionada con despido disciplinario, la conducta descrita, pues la mera imputación en causa penal no es falta sancionable en la jurisdicción social.
2. Tampoco existe despido nulo cuando la empresa no acredita la imputación de transgresión de la buena fe contenida en la carta de despido, pues la misma no vulnera de forma automática el principio de dignidad del trabajador (Const art.10), ni su derecho fundamental al honor (Const art.18) o a la presunción de inocencia (Const art.24.2 que fue en realidad el único aducido en la instancia).
Por un lado, debe recordarse que no puede alegarse la vulneración del derecho a la presunción de inocencia en el ámbito de las relaciones laborales en cuanto a la valoración de conductas constitutivas de despido disciplinario, pues está circunscrito al ámbito penal (TCo 180/1999; TCo 153/2000 EDJ 11427).
Por otro lado, el tribunal tampoco aprecia vulneración del derecho al honor, pues el despido no se ha difundido fuera del estricto ámbito privado contractual laboral y no ha tenido incidencia externa alguna respecto a la persona del trabajador. Como es sabido, el ataque al honor tutelado requiere la intencionalidad de atentar contra la buena reputación de una persona (animus injuriandi), descrédito que necesariamente proviene del conocimiento o difusión de las expresiones o información relativa a la persona en este caso del trabajador hacia terceros, esto es, con difusión pública, más allá de las fronteras de la relación privada.
La falta de acreditación de la imputación empresarial tan sólo merece la declaración de improcedencia del despido, motivo por el que se casa y anula la sentencia dictada en suplicación que lo había calificado de nulo.

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