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Jurisdicción competente en caso de reclamación de gastos por asistencia sanitaria cuyo pago corresponde a la mutua colaboradora

La cuestión controvertida se centra en determinar si el orden social de la jurisdicción es o no el competente para conocer de la pretensión deducida por la Mutua consistente en que se declaren prescritas las reclamaciones por asistencia sanitaria que se recogen en unas facturas giradas por el servicio público de salud y generadas por la asistencia sanitaria prestada por un tercero (una clínica privada) a un trabajador/beneficiario que había sufrido un accidente de trabajo.
Tanto en la instancia como en suplicación se declara la falta de jurisdicción del orden social para conocer la demanda interpuesta estimando que su conocimiento le corresponde al orden jurisdiccional contencioso administrativo.
El Tribunal Supremo, en virtud de una jurisprudencia ya consolidada, declara la competencia del orden social. Es doctrina de la Sala IV del TS la que declara que el orden social es el competente para conocer de todas las controversias que afectan a la acción protectora de la Seguridad Social y ello tanto respecto del acto declarativo -el declarativo en sentido estricto y el liquidatorio- como del recaudatorio (TS 20-7-90; TS 5-6-98, Rec 3628/97). Más recientemente, se llega a la conclusión de que basta la lectura de la ley procesal (LRJS art.2.o y s y art.3.f y g) para descartar que pueda negarse la competencia del orden social de la jurisdicción para conocer de un conflicto entablado en torno a la determinación de la obligaciones que, en materia prestacional, incumbe a quienes tienen atribuida responsabilidad en la prestación de la asistencia sanitaria porque la discrepancia entre las partes litigantes arranca de un acto de reclamación de cantidad del sistema público de salud frente a quien tiene la obligación del abono de la prestación sanitaria -por derivar de contingencia profesional de la que es responsable la Mutua- (TS 23-6-16, Rec 428/15; TS 14-7-16, Rec 433/15).
Así pues, se está ante la determinación de la existencia o no -por prescripción, en su caso- de la obligación de satisfacer los gastos derivados de la asistencia sanitaria, como prestación nacida de una contingencia profesional, por parte de quien, en definitiva, asume la cobertura; sin que sea admisible distinguir la atribución competencial según se admita o no por la Mutua el origen del accidente, puesto que, calificado el mismo como laboral y asumida, en suma, la responsabilidad, los avatares del importe y abono de la prestación han de seguir el mismo cauce en el marco del orden social (TS 23-6-16, Rec 428/15).

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