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Exigencia de firma manuscrita en el escrito de preparación del recurso tramitado via LexNET y pasividad de la abogada recurrente

La Sala de lo social del TSJ de Andalucía (Sevilla) dictó auto por el que declaró tener por no preparado recurso de casación para unificación de doctrina. La abogada que presentó escrito de preparación del recurso vía LexNET, firmado electrónicamente, no atendió a la diligencia de ordenación que la requería para que subsanara la falta de firma física o manuscrita, no recurrió en reposición la misma, ni alertó al tribunal de sus objeciones.
La Sala cuarta estima el recurso de quejapresentado por la abogada con base en los siguientes argumentos:
1. Es erróneo que se requiriese firma física, manuscrita del documento como si se hubiera presentado de forma presencial. En efecto el envío por LexNET conlleva la firma electrónica por el profesional de forma indisoluble (RD 1065/15 art.6.4, 9.3, 13.1, 14.e) y 17.2). De tal manera que cuando un abogado presenta un escrito ante un órgano jurisdiccional vía LexNET, ya usando la plataforma del Ministerio de Justicia, ya la del Colegio de Abogados correspondiente, está firmándolo de forma automática electrónicamente. Así se desprende del propio manual elaborado en el Ministerio y colgado en su web para la ayuda de uso del sistema a los profesionales, que inevitablemente genera una confianza legítima de los letrados.
2. El mencionado requerimiento supone someter a la parte recurrente al cumplimiento de un requisito extravagante, no contemplado por la Ley y contradictorio con el sistema de comunicaciones telemáticas al que los profesionales están obligados.
3. El comportamiento pasivo de la Abogada, que no recurrió en reposición la diligencia de ordenación ni alertó al tribunal del carácter exorbitante de la exigencia, sólo recurriendo en queja posteriormente no tiene relevancia en el resultado final del fin de trámite de su recurso de casación para unificación de doctrina. El tribunal valora los innumerables interrogantes que LexNET abre a los profesionales y a los tribunales y concluye que la vulneración del derecho a la tutela judicial en su vertiente de acceso al recurso se vería vulnerado, más que por su inicial desidia, especialmente por la imposición del mencionado requisito de firma calificado de redundante y contrario a las normas legales de aplicación.

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