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Evaluación ambiental de planes, programas y proyectos. Baleares

Se regula la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, cuyas finalidades son:
a) Regular un procedimiento de intervención administrativa ambiental que garantice un nivel de protección del medio ambiente elevado y el desarrollo sostenible, armonizando el desarrollo económico con la protección y la mejora del medio ambiente, la biodiversidad, la calidad de vida, la salud humana y los recursos naturales, mediante la integración de los aspectos ambientales en la elaboración y la adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos. Ha de tener en cuenta, asimismo, el análisis y selección de alternativas ambientalmente viables, el establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente y el establecimiento de medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias.
b) Adaptar la legislación autonómica ambiental a las disposiciones comunitarias y estatales.
c) Racionalizar, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de control ambiental.
d) Fomentar la participación real y efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones, democratizando los procedimientos administrativos para garantizar el cumplimiento efectivo de las consultas, información y participación pública.
e) La promoción de la cultura de la transparencia y la utilización de medios electrónicos que faciliten la participación y acceso a la información.
f) La promoción de la responsabilidad social por medio del conocimiento de los efectos sobre el medio ambiente que llevan implícitos la puesta en marcha o la ejecución de los planes, programas, proyectos o actividades legales y el velar por la aplicación efectiva del principio de “quien contamina paga”.
Se prevé la cooperación interadministrativa para llevar a cabo la protección ambiental adecuada, el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en la ley y el deber del órgano ambiental, órganos sustantivos y promotores de garantizar la participación real y efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones en materia de medio ambiente y de acceso a la información ambiental.
En cualquier caso debe respetarse la confidencialidad de las informaciones aportadas por el promotor y la normativa aplicable al secreto industrial y comercial y garantizarse la utilización de los medios informáticos, telemáticos y electrónicos, que en cada momento se encuentren disponibles.
La competencia en relación con la evaluación de impacto ambiental o la evaluación ambiental estratégica corresponde a la Comisión de Medio Ambiente de las Isla Baleares, así como las funciones relativas a las autorizaciones ambientales integradas, a las agendas locales 21 y al resto que le atribuya la legislación sectorial. El pleno puede aprobar criterios técnicos o interpretativos para la redacción de los estudios ambientales estratégicos de los planes o programas y de los estudios de impacto ambiental de los proyectos, así como la predicción y valoración de sus impactos, las características técnicas y las especificaciones de la documentación.

Evaluación ambiental estratégica de planes y programas

Son objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones adoptadas o aprobadas por las Administraciones públicas, cuya aprobación exija una disposición legal o reglamentaria o un acuerdo del Consejo de Gobierno cuando:
– establezcan el marco para la autorización futura de proyectos legalmente sometidos a la evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la acuicultura, la pesca, la energía, la minería, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, la utilización del medio marino, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o el uso del suelo;
– requieran una evaluación porque afectan espacios Red Natura 2000, en los términos que prevé la legislación del patrimonio natural y de la biodiversidad;
– requieran una evaluación ambiental estratégica simplificada, bien por decidirlo caso por caso el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico, o por determinarlo el órgano ambiental a solicitud del promotor -se incluyan las modificaciones menores de los planes y programas, los planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducida extensión en el ámbito municipal y los que establezcan un marco para la autorización de proyectos en el futuro-.
Quedan excluidos:
– los planes y programas que excluye explícitamente la normativa básica estatal, sin embargo, aquéllos que sean aprobados específicamente por una ley autonómica han de disponer de los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente;
– los planes que no tienen efectos significativos en el medio ambiente:
– modificaciones de planes territoriales o urbanísticos cuyo objeto exclusivo puede ser: disminución de coeficientes de edificabilidad o de porcentajes de ocupación de los edificios, disminución de la altura máxima de los edificios, cambio de usos plurifamiliares a unifamiliares, aumento de la superficie o reajuste de zonas de equipamientos, espacios libres públicos o infraestructuras, si el cambio no afecta a terrenos clasificados como suelo rústico, aumento de la superficie de la parcela mínima, cambios de la clasificación de suelo urbano, urbanizable o apto para la urbanización para reconvertirlo en suelo rústico, implementación o extensión de las medidas de protección del medio ambiente, de restauración o recuperación de hábitats o establecimiento o modificación de los índices de uso turístico o residencial, si representan una disminución de la capacidad de población o, por último, cambios del sistema de actuación de polígonos o unidades de actuación;
– la aprobación o modificación de los catálogos de protección del patrimonio cultural, si únicamente incluyen medidas que representen un mayor grado de protección del medio ambiente o del patrimonio cultural;
– los planes de ordenación de los recursos naturales, reguladores de uso y gestión y los de gestión de espacios Red Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos, si representan un mayor grado de protección del medio ambiente;
– las modificaciones de carácter financiero o de escasa entidad de los programas de desarrollo rural; y
– los estudios de detalle;
– las modificaciones de escasa entidad que el órgano ambiental declare, previo informe técnico, que no tienen efectos significativos en el medio ambiente.
En relación con los trámites procedimentales, se diferencian los siguientes casos:

Evaluación ambiental estatégica ordinaria, simplificada, modificación de la evaluación ambiental estratégica y presentación de documentación De acuerdo con el procedimiento y los plazos que prevé la normativa básica estatal de evaluación ambiental y con las particularidades siguientes:
– el órgano ambiental debe establecer modelos normalizados de solicitudes de inicio y la documentación ha de presentarse, obligatoriamente, en formato digital, sin perjuicio de la posibilidad de autorizar su presentación en papel;
– para el análisis técnico del expediente y la formulación de la declaración ambiental estratégica se dispone de un plazo de 3 meses prorrogable por 1 mes más, por razones justificadas debidamente motivadas desde la recepción del expediente completo
Evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización Precisa de informes preceptivos y determinantes de la Administración hidrológica -disponibilidad de agua potable y de protección del dominio público hidráulico-, de la Administración de costas y de las Administraciones competentes en materia de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, energía y otras infraestructuras afectadas
Evaluación ambiental estratégica simplificada En el plazo de 20 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud de inicio el órgano ambiental, previo informe técnico, puede resolver que se tramite la evaluación ordinaria si así resulta, inequívocamente, del contenido de la solicitud.
El informe ambiental concluye que el plan o programa es inviable ambientalmente por detectar inconvenientes que no sean subsanable en el marco de una tramitación ambiental ordinaria
Evaluación ambiental estratégica de las normas territoriales cautelares Precisan de la inclusión de una memoria-análisis de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente que ha de someterse a información pública y a la consulta de las Administraciones públicas afectadas. La declaración ha de formularse en un plazo máximo de 1 mes contado desde la entrada de la solicitud y de toda la documentación en el registro del órgano competente para emitirla

Evaluación de impacto ambiental de proyectos

Son objeto de esta evaluación los proyectos que deban ser adoptados, aprobados o autorizados por las Administraciones públicas o que sean objeto de declaración responsable o comunicación previa ante las mismas y, en concreto:
a) Los incluidos en el anexo I y los proyectos que se presenten fraccionados y alcancen los umbrales del mismo mediante la acumulación de las magnitudes o las dimensiones de cada uno.
b) Los proyectos incluidos en el anexo II, cuando así lo decida, caso por caso, el órgano ambiental en el informe de impacto ambiental.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o II si cumple los umbrales fijados en el anexo I.
d) Los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental simplificada, cuando el promotor solicite que se tramite por medio de una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, quedan sujetos a evaluación de impacto ambiental simplificada los siguientes proyectos:
– los incluidos en el anexo II;
– los no incluidos ni en el anexo I ni en el II, pero que puedan afectar de manera apreciable a espacios protegidos Red Natura 2000;
– cualquier modificación de las características de un proyecto de los anexos indicados, diferente de las modificaciones previstas supra, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente -incremento significativo de las emisiones a la atmósfera, de los vertidos en lechos públicos o en el litoral, de la generación de residuos, de la utilización de los recursos naturales, suponga una afección apreciable a espacios protegidos Red Natura 2000 o al patrimonio cultural-;
– proyectos que se presenten fraccionados y proyectos del anexo I que sirvan, exclusiva o principalmente, para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a 2 años.
Quedan excluidos los proyectos detallados aprobados específicamente por una ley -sin perjuicio de que los aprobados por ley autonómica han de disponer de los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones de estos proyectos sobre el medio ambiente- y, los que por razones excepcionales debidamente motivadas se excluyan por el Consejo de Gobierno, así como las obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de acontecimientos catastróficos y las obras de emergencia.
La evaluación de impacto ambiental debe hacer referencia a la totalidad del proyecto, pero en el caso de fraccionamiento de proyectos no se impide que se apliquen los umbrales legales, pudiéndose acumular las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
El procedimiento de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, simplificada, modificación de la declaración de impacto ambiental se lleva a cabo de acuerdo con la normativa básica estatal, sin perjuicio de las siguientes particularidades:
a) El órgano sustantivo, previamente al inicio de la tramitación ambiental, debe valorar la viabilidad jurídica del proyecto, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable, y lo puede denegar si incumple, de manera manifiesta o inequívoca.
b) Los estudios de impacto ambiental han de incluir, además del contenido mínimo, un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el proyecto, los efectos de su desarrollo y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias.
c) La información pública ha de efectuarse mediante un anuncio en el BOIB, sin perjuicio de que la normativa sectorial especifique otra fórmula.
d) El plazo para realizar las consultas previas y para elaborar el documento de alcance es de 2 meses.
e) Con carácter particular hay que tener en cuenta:

Procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria El órgano sustantivo puede solicitar al ambiental que determine las Administraciones públicas que considere afectadas por el proyecto para poder llevar a cabo con posterioridad la fase de consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas
Proyectos sometidos a la declaración de interés general o a la declaración de utilidad pública Actúa como órgano sustantivo aquél a quien corresponda aprobar la declaración de interés general o la declaración de utilidad pública y en este orden


En el plazo de 20 días hábiles desde que se recibe la solicitud de iniciar el expediente, el órgano ambiental puede resolver, previo informe técnico, tramitar una evaluación de impacto ambiental ordinaria si así se desprende inequívocamente del contenido de la solicitud.

Disposiciones comunes a los planes, programas y proyectos

En todos los casos, hay que tener en cuenta que si los anteriores pueden tener efectos ambientales significativos fuera del ámbito de las Islas Baleares, ha de remitirse una copia de la solicitud de inicio de los procedimientos a las comunidades autónomas afectadas o al departamento competente de la Administración del Estado o, en su caso, al Ministerio de Asuntos Exteriores, si afecta a otros Estados, para invitarlos a formular las alegaciones o consideraciones que estimen oportunas, con el procedimiento y alcance que prevea la legislación básica estatal.
En el caso de existir discrepancias entre el órgano sustantivo y el ambiental sobre el contenido de las declaraciones la resolución corresponde al Consejo de Gobierno, cuando hayan de resolverse por la Comunidad Autónoma balear o por un órgano de composición paritaria en el resto de los casos. Los empates los ha de resolver el Consejo de Gobierno.
La evaluación ambiental estratégica de un plan o programa no excluye la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que deriven de éste y el órgano ambiental puede acordar la incorporación de trámites y actos administrativos de unos planes o proyectos a otros, con la finalidad de la eficiencia y economía administrativa.
Queda admitida la posibilidad de que, por razones de interés público, el órgano ambiental acuerde que se aplique la tramitación de urgencia al procedimiento, en cuyo caso los plazos se reducen a la mitad.
Todos los planes, programas y proyectos se someten a una evaluación ambiental antes de su adopción, aprobación o autorización o, si procede, en el caso de los proyectos, antes de que se presente la declaración responsable o comunicación previa a que quedan sujetos -por exigirlo así el ejercicio de una actividad o su acceso-, siendo nulos aquéllos que no cumplan este requisito y, por supuesto, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, procedan.
La falta de emisión de una declaración responsable o un informe ambiental no equivale a una evaluación ambiental favorable.
Corresponde al órgano ambiental autonómico formular la consulta preceptiva que prevea la legislación básica estatal, siendo nulos de pleno Derecho los actos administrativos respecto de los que no se haya solicitado el informe de consulta, y ello sin perjuicio de otras consultas o informes de órganos de la misma Administración autonómica o de otras.
Las repercusiones de los planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa con la gestión del lugar Red Natura 2000 o sin que sean necesarios para esta gestión, puedan afectar de manera apreciable a estos lugares o espacios, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos, han de evaluarse conforme a L 21/2013, L 42/2007 y L 5/2005.

NOTA
Las disposiciones anteriores se aplican a todas las evaluaciones ambientales que se inicien a partir de 21-8-2016. Sin embargo, las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a esa fecha pierden la vigencia y cesan en la producción de los efectos propios si no se ha empezado la ejecución del proyecto o la actividad dentro del plazo máximo de 6 años desde la fecha indicada. En este caso, el promotor debe iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental.

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