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El TCo confirma el acceso al recurso de suplicación de cualquier litigio en el que se interese tutela de derechos fundamentales

Algunas de las modalidades procesales especiales, que se siguen de forma prioritaria a la establecida para la tutela de derechos fundamentales aunque se interese su protección, no tienen reconocido en la LRJS el acceso al recurso de suplicación (LRJS art.184). Se está haciendo referencia a los pleitos de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo, disfrute de vacaciones, materia electoral, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Sin embargo, el legislador sí reconoce, en todo caso, el acceso al recurso contra sentencias dictadas en procedimientos de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas (LRJS art.191.3 f).
El TCo, como ya reconoció la Sala IV del TS (por todas TS 3-11-15, EDJ 235999), admite el derecho a la garantía jurisdiccional que supone el acceso al recurso en tales supuestos, pues se ha de proteger al mismo nivel los derechos fundamentales con independencia de la vía procesal empleada como reconoce, por otro lado, la propia LRJS art.178.2.
La denegación de acceso al recurso de suplicación en tales supuestos -por tratarse de una modalidad procesal especial que no lo prevé- vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso al recursos legalmente establecidos (Const art.24.2), pudiendo producir, además, un efecto derivado o reflejo sobre la reparación del derecho fundamental cuya protección exige la demanda ante el órgano judicial -con independencia de que la declaración de la lesión fuera sólo una de las hipótesis-. El objetivo último es no fracturar o diversificar la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en el ámbito laboral.
En suma, se han de extender todas las garantías del procedimiento especial de tutela a todos los demás procedimientos cuando se interese la protección de un derecho fundamental: no sólo el acceso al recurso, también la intervención del Ministerio Fiscal, la prueba indiciaria, la inmediata ejecutividad de la sentencia, o la posibilidad de que el sindicato intervenga como coadyuvante (cuestión última a la que ya había hecho referencia la sentencia TCo 257/2000).

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