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Eficacia frente a la Hacienda pública de la caducidad del cargo de administrador

Las sociedades no pueden quedar privadas repentinamente de su órgano de gestión y representación y de relación con terceros, pues sin dicho órgano la sociedad quedaría inoperante, porque resultaría imposible su normal funcionamiento.
Según la normativa que regula la administración de las sociedades, una vez cumplido el plazo estatutario para el que son nombrados los administradores, de no producirse su reelección, estos cesan en su cargo. En el presente expediente, las causas del cese de los administradores consisten en la caducidad y la renuncia del cargo de administrador.
La caducidad no es automática pues, para aquellos casos en los que la caducidad provoca la vacante total del órgano de administración, por no existir otro administrador titular o suplente, al requisito del vencimiento del plazo se añade otro, como es la obligación de la convocatoria de la celebración de Junta General o el transcurso del término para la celebración de la Junta para resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio. Tal criterio es sostenido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por la Dirección General de los Registro y del Notariado (TS 23-10-09; DGRN 15-1-02).
La problemática de la vigencia de las facultades representativas de los administradores de sociedades una vez producida la caducidad de su nombramiento, como la del denominado administrador de hecho, ha sido abordada en la doctrina y en la jurisprudencia, debiendo tener en cuenta dos aspectos fundamentales: por una parte, que nos encontramos, no ante un supuesto de representación voluntaria, sino de representación orgánica; y, por otra parte, la trascendencia de los principios de buena fe y de seguridad en el tráfico mercantil.
Todo ello ha llevado frecuentemente a la doctrina, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a la jurisprudencia a sostener que, aun habiéndose producido la caducidad en el nombramiento de administrador y aun no habiendo sido renovados los cargos, debe entenderse existente una prórroga tácita del mandato conferido. No obstante, esta doctrina del administrador de hecho, no implica una prórroga indiscriminada de su mandato, sino que el ejercicio de sus facultades está encaminada exclusivamente a la provisión de las necesidades sociales y especialmente a que el órgano con competencia legal, la junta de socios, pueda proveer el nombramiento de nuevos cargos (DGRN 4-2-15).
Por otra parte, para aquellos casos de renuncia del cargo de administrador, se admite la inscripción de la dimisión de los administradores que se ha de practicar mediante escrito de renuncia al cargo otorgado por el administrador y notificado fehacientemente a la sociedad, o en virtud de certificación del acta de la Junta General o del Consejo de Administración, con las firmas legitimadas notarialmente, en la que conste la presentación de dicha renuncia (RRM art.147). Ello supone que el abandono voluntario de la condición de administrador puede instrumentarse jurídicamente de forma idónea por esta vía.
En este supuesto también la DGRN ha reiterado en numerosas ocasiones, que cuando, como consecuencia de la renuncia, la sociedad quede en situación de no poder ser debidamente administrada y no exista la posibilidad de que otro administrador con cargo vigente lleve a cabo la oportuna convocatoria de junta para la provisión de vacantes, no procede la inscripción sin que se acredite que el renunciante ha llevado a cabo la oportuna convocatoria de junta con tal finalidad (DGRN 13-9-05; 3-1-11; 11-5-12; 2-8-12; 5-6-13; 16-12-13). Dicha doctrina no desconoce que cualquier socio podría tomar la iniciativa de solicitar una convocatoria judicial de la junta. No obstante, el hecho de que el conocimiento de aquella renuncia y su remedio se puede dilatar durante un largo período de tiempo con el consiguiente perjuicio para los intereses sociales, justifica la exigencia de que el renunciante, en ejercicio de los deberes que como administrador asumió en su día, convoque a la junta para que provea al respecto evitando la paralización de la vida social y los riesgos para su adecuada marcha que de tal situación puedan derivarse.
En ambos casos, caducidad del cargo de administrador y renuncia al mismo, cabe plantearse qué ocurre cuando, convocada la Junta general, ésta no procede al nombramiento del nuevo mercantiladministrador, de manera que la sociedad queda privada de su órgano de administración. Esta situación imposibilita el normal funcionamiento de la sociedad y por lo tanto queda incursa en causa de disolución. En este sentido, se establece como causa de disolución de la sociedad la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento (RDLeg 1/2010 art.363.1.d), siempre que dicha paralización no sea meramente transitoria y que la imposibilidad de alcanzar el fin social sea manifiesta y tenga un carácter definitivo e insuperable, en el sentido de se trate de una situación de la que sea sumamente difícil salir y que la sociedad no pueda aguantar sin grave quebranto.
En este caso, al concurrir dicha causa de disolución de la sociedad, y además, con el carácter de manifiesta, definitiva e insuperable, la sociedad de capital debe disolverse; y en estos casos los administradores están obligados a convocar la junta general al objeto de que ésta acuerde la disolución. Si la junta no adopta dicho acuerdo, los administradores han de solicitar la disolución judicial de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando la misma no se haya constituido, o desde el día de su celebración, cuando el acuerdo no se adopte o sea contrario a la disolución. El incumplimiento por los administradores de dicha obligación se sanciona mediante su responsabilidad solidaria por las deudas sociales.
Por último en cuanto a la alegación relativa a que los actos inscritos en el Registro Mercantil gozan de fe pública frente a terceros, y que la Hacienda pública debe ser considerada como tal, el hecho de que en el BORME conste la cancelación de oficio del nombramiento como administrador único de la interesada, produce distintos efectos, todos ellos ajenos a la eficacia del nombramiento del administrador frente a la Hacienda pública, entre otros el que no tenga acceso al registro ningún acto o contrato otorgado por la misma, perdiendo la facultad de elevar a instrumento público los acuerdos sociales, certificar las actas y los acuerdos de los órganos colegiados.

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