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Denegación de la autorización notarial en el otorgamiento de préstamos hipotecarios.

El Tribunal Supremo desestima los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la OM EHA/2899/2011 art.30.3 primer párrafo y 30.4, por no existir habilitación legal para establecer, con una norma de este rango, la denegación por el notario de la autorización de un préstamo hipotecario tras un juicio de legalidad desfavorable, así como la interposición de un recurso administrativo contra dicha decisión.
Entre otros motivos, los recurrentes alegan la infracción de una serie de leyes en las que entienden contenida la habilitación necesaria. No obstante, tras el análisis de las mismas sin hallar tal cobertura, el Tribunal Supremo confirma la anulación de los artículos impugnados.

Ley de contratación con los consumidores de préstamos hipotecarios


La L 2/2009 art.18 concede a notarios y registradores un control sobre la legalidad de los actos y negocios que autorizan, permitiendo al notario denegar su autorización cuando el préstamo o crédito con garantía hipotecaria no cumpla la legalidad vigente, y disponiendo un recurso administrativo frente a su decisión.
Aparentemente dicha previsión legal serviría de cobertura adecuada pues es casi literalmente reproducida en la OM EHA/2899/2011 art.30. No obstante, esta norma excluye de su ámbito de aplicación la concesión de préstamos o créditos hipotecarios concedidos por entidades de crédito o sus agentes (L 2/2009 art.1), por lo que no puede tomarse como norma legal habilitadora.

Ley de Economía sostenible

La L 2/2011 art.29.2 faculta al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar normas que garanticen la protección de los usuarios de servicios financieros en sus relaciones con las entidades de crédito, lo que le permite adoptar las previsiones técnicas necesarias, pero, en ningún caso, supone una habilitación legal para establecer un control notarial de la legalidad del negocio jurídico intervenido, para denegar su autorización como consecuencia del juicio de legalidad desfavorable, ni para establecer un nuevo recurso administrativo contra su decisión denegatoria. Lo mismo ocurre respecto a la L 26/1988 art.48.2 y la L 41/2007 disp.adic.1ª, también alegadas por los recurrentes.

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios

El RDLeg 1/2007 art.81.2 autoriza al notario a informar a los consumidores y usuarios, lo que es una competencia distinta al control de legalidad sobre el negocio jurídico que autorizan y sobre la posibilidad de denegar la autorización correspondiente, sin que en el litigio se cuestionen estas previsiones de la OM EHA 2899/2011.
Lo mismo ocurre con la L 7/1998 art.23, que se corresponde con el art.147 del Reglamento Notarial, en los términos que se consideró ajustado a derecho por la TS 20-5-08, EDJ 65888.
Por su parte, el RDLeg 1/2007 art.84 habilita a los notarios para denegar la autorización de contratos o negocios jurídicos cuando se pretenda incluir una cláusula abusiva declarada nula en una sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, por lo que no puede entenderse que esta previsión legal, tan concreta y específica, implique una habilitación legal que autorice una regulación como la cuestionada.

Ley Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social


La L 1/2013 art.3 al modificar la LH art.129 permite al notario, en definitiva, suspender la venta extrajudicial al detectar un cláusula abusiva, pero refiriéndose a un negocio jurídico concreto (la venta extrajudicial) y operando únicamente en relación con circunstancias muy concretas (que las partes acrediten haber planteado ante el Juez competente, el carácter abusivo de dichas cláusulas contractuales), supuestos que ni por el negocio que contemplan ni por los requisitos exigidos guardan relación alguna con la previsiones contenidas en la OM EHA/2899/2011 art.30.

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