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Constitucionalidad de la ampliación de jornada en el sector público

El Gobierno de Cataluña interpuso recurso de inconstitucionalidad por considerar que la previsión que ampliaba la jornada mínima de todo el personal de sector público a 37 horas y media semanales contenida en la Ley de presupuestos de 2012 no respeta el orden constitucional de distribución de competencias (L 2/2012 disp.adic.71ª). Por otra parte, consideran que excede el contenido de una ley de presupuestos, ya que vulnera la previsión constitucional que establece que los presupuestos generales del estado tienen carácter anual, deben incluir la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos ha de consignarse el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado (Const art.134.2).
La norma impugnada tiene un contenido mixto, pues no solo establece una regulación sustantiva de las condiciones de trabajo de los empleados del sector público, sino que también recoge una previsión retributiva expresa para aquellos supuestos en los que el empleado aumente su jornada a treinta y siete horas y media, ya que indica que no supondrá incremento retributivo alguno, lo que tiene la evidente finalidad de contribuir a la contención del gasto público.
La fijación de la duración mínima de la jornada de trabajo constituye una previsión integrada en la esfera de los derechos y deberes de los funcionarios, quedando justificada su determinación por el Estado como normativa básica. El hecho de que esta previsión no se hubiera contemplado en el Estatuto Básico del Empleado Público no constituye obstáculo para que, en virtud de la competencia normativa indicada, el legislador estatal proceda a su posterior incorporación.
En el caso del personal laboral, la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral, lo que incluye la regulación de un elemento esencial del contrato de trabajo como es el tiempo de prestación de servicios. En cualquier caso, las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias para la organización de su propio personal laboral, puedan adoptar las decisiones que estimen oportunas sobre las condiciones de trabajo de ese personal, sin perjuicio de las competencias estatales.
La conclusión del Tribunal Constitucional es que la disposición impugnada ha sido dictada por el Estado al amparo de competencias normativas que le son propias. El carácter mínimo de la jornada prevista en la norma cuestionada deja todavía margen de maniobra a las Comunidades Autónomas para el ejercicio de su competencia en este ámbito, pues no cierra ni la posibilidad de ampliar la duración fijada dentro de los topes permitidos, ni tampoco la determinación de los criterios de organización y distribución del tiempo de trabajo que finalmente se establezca.
Tampoco entiende que su inclusión en una ley de presupuestos produzca inseguridad jurídica, ya que no estamos ante una situación en que, sin mediar modificación explícita del régimen sustantivo, se proceda en la ley de presupuestos a hacer una aplicación que lo desconozca tácitamente, plasmando créditos presupuestarios que no se correspondan ni se expliquen por lo dispuesto en dicho régimen. Por ello, considera que la Ley de presupuestos generales del Estado es idónea para introducir la medida controvertida.

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