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Consecuencias de la interposición tardía del incidente de no readmisión

Unos trabajadores fueron objeto de un despido -el 13-4-2004- declarado improcedente, en el marco de la normativa previa a la reforma laboral. Estos trabajadores instaron incidente de no readmisión cuando la empresa no procedió a la readmisión por la que habían optado tácitamente. En su marco obtuvieron auto en el que se declaró extinguida la relación laboral y se reconoció la indemnización y los salarios de tramitación.
El auto fue recurrido por el FOGASA señalando que había prescrito la acción de ejecución, pues se había instado el procedimiento de incidente de no readmisión pasados los 3 meses establecidos en la normativa procesal (actualmente y con el mismo tenor que la LPL art. 277.2 aplicable al caso tal plazo se recoge en la LRJS art.279.2). Tal prescripción se desestimó en reposición mediante auto pero fue estimada mediante sentencia de la Sala de lo Social del TSJ que ahora se recurre en casación para unificación de doctrina.
Ante la insolvencia empresarial los trabajadores presentaron reclamaciones al FOGASA que fueron desatendidas. El Juzgado de lo Social consideró que concurría la excepción de cosa juzgada en base a la sentencia del TSJ que declaraba la prescripción, sentencia que se confirmaría en suplicación. Contra ella interpusieron recurso de casación para unificación de doctrina basándose en la sentencia de contraste dictada por la Sala Cuarta (TS 4-2-95, Rec 1450/94).
El TS considera correcta la doctrina de la sentencia de contraste en el sentido de que:
a) La prescripción en el plazo de 3 meses para ejercitar el incidente de no readmisión afecta a la acción ejercitada, esto es:
– a la conversión de la obligación de readmitir en indemnización;
– a la posible indemnización adicional de hasta 15 días de salario por año de servicio y un máximo de 12 mensualidades (LRJS art.281.2.b) y;
– los salarios de tramitación posteriores, esto es, los devengados desde la notificación de la sentencia que declaró improcedente el despido hasta la fecha del Auto que, poniendo fin al incidente de no readmisión, declara definitivamente extinguida la relación laboral.
b) Sin embargo, la prescripción no afecta a los salarios de tramitación a que se condenó a la empresa en aquella sentencia que declaró por primera vez la improcedencia del despido, para cuya reclamación dispone el actor del plazo de prescripción de un año (LRJS art.243.2).
En efecto, se trata de dos acciones diferentes y con dos plazos de prescripción diferentes – tres meses y un año, respectivamente- la declaración de que concurre la primera no puede considerarse cosa juzgada en relación con la segunda.
Motivo por el que se estima el recurso de casación para unificación de doctrina y se reconoce el derecho de los trabajadores a que se les abone por parte del FOGASA – ante la insolvencia y desaparición de la empresa condenada- exclusivamente las cantidades asociadas a estos salarios de tramitación iniciales, que en ejecución de sentencia podrán verse minorados considerándose los topes legales a la responsabilidad del FOGASA.

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