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Castilla y León. Plan general de ordenación urbana

Con efecto 4-4-2016, se introducen modificaciones en la regulación de los instrumentos de planeamiento general.
Los planes generales de ordenación urbana tienen como objeto establecer las determinaciones de ordenación general del término municipal.
También puede establecer todas o algunas de las determinaciones de ordenación detallada en los ámbitos de suelo urbano consolidado donde sea conveniente hacerlo, o donde sea necesario actualizar o modificar las determinaciones de ordenación detallada que estuvieran vigentes con anterioridad. Asimismo el plan debe indicar si mantiene la vigencia de las demás determinaciones en este suelo o si remite su establecimiento a un ulterior plan especial.
También puede establecer la ordenación detallada de los sectores de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable, en los que se considere oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo.
Se modifican las determinaciones de ordenación general añadiendo entre las aplicables a todo el término municipal la catalogación de los elementos que deban ser protegidos, conservados o recuperados.
A partir del análisis y diagnóstico de las circunstancias urbanísticas del término municipal, y cuando proceda, de su área de influencia, debe formular sus propios objetivos y propuestas de ordenación, los cuales deben:
• Respectar lo dispuesto en la normativa urbanística y sectorial, con especial atención a los objetivos generales de la actividad urbanística pública.
• Ser compatibles con el planeamiento sectorial que afecte al término municipal, con el planeamiento urbanístico de los municipios limítrofes y con las demás políticas municipales.
• Resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional, industrial y de servicios del término municipal correspondiente y de su áreas de influencia. Para ello ha de tener en cuenta las previsiones de los instrumentos de ordenación del territorio y de los instrumentos de planeamiento de ámbito supramunicipal, la condición del municipio como centro urbano de referencia, la situación del municipio en ámbitos susceptibles de desarrollo económico que precisen la previsión ordenada de suelo industrial o de servicios, la situación del municipio en ámbitos que por su atractivo turístico precisen la previsión ordenada de suelo para segunda residencia y las demandas que planteen los agentes sociales y económicos y la población en general;
• Orientar el crecimiento de los núcleos de población a completar, conectar y estructurar las tramas urbanas existentes y solucionar los problemas urbanísticos de las áreas degradadas. A estos efectos:
– al menos el 50% de la suma de las viviendas ya existentes en el término municipal y las nuevas viviendas previstas por el plan general han de situarse en suelo urbano;
– planificarse actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, con especial atención a los espacios urbanos vulnerables;
– salvo cuando un instrumentos de ordenación señale otros criterios, no se pueden crear nuevos núcleos de población, ni ampliarse los existentes de manera que se comprometa o perjudique la capacidad y funcionalidad de las redes de servicios de interés general;
• Tener en cuenta los riesgos naturales y tecnológicos detectados en el término municipal.
• Reservar terrenos para el emplazamiento de actividades industriales, logísticas y productivas en general.
• Promover la movilidad sostenible y el urbanismo de proximidad, para reducir las necesidades de desplazamiento de la población y facilitar el uso y la eficiencia del transporte público y su coordinación con el planeamiento urbanístico.
• Promover la movilidad sostenible y el urbanismo de proximidad.
• Mejorar la accesibilidad en construcciones y espacios públicos.
• Facilitar las actuaciones de mejora de la eficiencia energética y fomentar el uso de las energías renovables y la sustitución progresiva del empleo de combustibles fósiles.
El plan general debe señalar y cuantificar los sistemas generales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos, equipamientos y, en caso necesario, espacios protegidos, teniendo en cuenta tanto los datos constatados en el momento de su elaboración como los que puedan resultar de la ejecución de sus determinaciones, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Puede incluir terrenos de cualquier clase y categoría de suelo, sin que ello afecte a su clasificación; si bien los terrenos que aún no hayan pasado a titularidad pública sólo pueden clasificarse como suelo urbano o urbanizable si se incluyen en algún sector o se adscriben porcentualmente a un conjunto de sectores.
b) El sistema general de vías públicas debe planificarse con criterios de urbanización y diseño que favorezcan la implantación y desarrollo de los sistemas de transporte público, la mejora de la calidad de las vías existentes, la viabilidad de los modos de transporte no motorizados y la construcción de aparcamientos disuasorios.
c) Ha de planificarse el sistema general dando prioridad a la seguridad de la población y a la protección del medio ambiente, procurando la funcionalidad y eficiencia de los servicios, adoptando medidas para la depuración de las aguas residuales y el tratamiento de los residuos sólidos, promoviendo el drenaje natural, el uso de energías renovables y el uso compartido de las infraestructuras y su canalización subterránea y, por último, que cuando alguno de los elementos del sistema general de servicios urbanos no deba discurrir necesariamente sobre o bajo terrenos de titularidad pública, puede admitirse el uso de terrenos de la entidad prestadora del servicio o la constitución de servidumbres.
d) El sistema general de espacios libres públicos debe planificarse promoviendo su acceso y uso por la población, favoreciendo la transición entre el medio urbano y el medio natural y promoviendo la recuperación de los cauces fluviales.
e) El sistema general de equipamientos ha de diseñarse para favorecer la funcionalidad y eficiencia.
f) El sistema general de espacios protegidos debe integrar los terrenos que, cumpliendo los requisitos para ser clasificados como rústico, sea conveniente obtener para el uso público.
g) Puede establecer una calificación diferente para el subsuelo de los sistemas generales, permitiendo la implantación de usos privados, siempre que se garantice la viabilidad del uso dotacional sobre rasante.
Al establecer la ordenación general el plan debe catalogar todos los elementos del término municipal que merezcan ser protegidos, conservados o recuperados, indicar el grado de protección de cada uno de los elementos catálogos y en las áreas de manifiesto valor cultural delimitar el ámbito para elaborar un plan especial de protección.
En los municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes, el plan debe dividir el suelo urbano consolidado en ámbitos denominados unidades urbanas, los cuales:
• han de tener una superficie no superior a 100 ha y delimitarse sobre barrios tradicionales, sectores de suelo urbano no consolidado o urbanizable ya ejecutados, áreas de ordenación homogénea o áreas de influencia de dotaciones urbanísticas, pudiendo ser discontinuos;
• deben tomar como referencia objetiva y preferente para analizar la ejecución de las determinaciones del plan general, la adecuación de las dotaciones urbanísticas y la conveniencia de actualizar o modificar la ordenación detallada vigente y la influencia de las modificaciones que se propongan y de las demás circunstancias no previstas en el propio plan general.
La ordenación general en suelo rústico exige que el plan general establezca los parámetros y condiciones aplicables a los usos permitidos y sujetos a autorización, de forma que se garantice su adaptación al entorno, incluyendo al menos la parcela mínima, la ocupación máxima de parcela, altura máxima de las construcciones y las distancias mínimas al dominio público y a las parcelas colindantes.
La ordenación detallada se ajusta a las siguientes reglas:
a. En el suelo urbano consolidado el plan general puede establecer todas o algunas de las determinaciones de ordenación detallada en los ámbitos donde sea conveniente hacerlo, o donde sea necesario actualizar o modificar las determinaciones de ordenación detallada que estuvieran vigentes con anterioridad. Asimismo debe establecer la calificación urbanística incluyendo la asignación de la intensidad de uso o edificabilidad, que puede expresarse de forma numérica o de forma volumétrica. También se puede definir esta calificación mediante ordenanzas específicas o, en su caso, asumir de forma total o parcial lo dispuesto en las normas e instrucciones técnicas urbanísticas aplicables.
b. En los sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos públicos, deben incluirse las determinaciones de las normas y medidas de protección para los elementos incluidos en el catálogo, en relación con los terrenos de suelo urbano consolidado agruparlos en ámbitos de gestión denominados unidades de normalización que permitan la ejecución de las determinaciones del planeamiento y, por último, al establecerse la ordenación detallada se han de indicar los usos del suelo y en especial las construcciones e instalaciones que se declaren.
c. En los sectores de suelo urbano no consolidado se deben aplicar las siguientes reglas para establecerla: la edificabilidad se expresa en metros cuadrados edificables, el aprovechamiento del subsuelo no puede exceder del 20% del permitido sobre rasante, en las nuevas construcciones ha de procurarse la correcta orientación para beneficiarse de factores naturales y establecer medidas precisas para la recuperación de los cauces fluviales y sus zonas de afección, así como su integración respetuosa con el medio urbano.
d. La ordenación detallada de los sectores de suelo urbanizable exige respetar las reglas anteriores y, además, tener en cuenta que la altura de las fachadas a la vía pública no puede exceder de 3m de la distancia a la fachada más próxima de otro edificio situado al otro lado de la vía pública de que se trate, ha de evaluarse la exposición de las áreas residenciales y de los equipamientos sanitarios, educativos y asistenciales, procurar implantar sistemas colectivos de calefacción susceptibles de gestión centralizada y, cuando se ocupen zonas de servidumbre acústica de grandes infraestructuras de transporte, disponer de apantallamientos que reduzcan el ruido en el exterior de las áreas habitadas por debajo de los valores límite de inmisión.
e. Con relación a las reservas para los sistemas locales de vías públicas y servicios urbanos, al establecerse la ordenación detallada de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable el plan general debe prever:
– en suelo urbano no consolidado, una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 construibles, al menos la mitad de uso público;
– en suelo urbanizable, dos plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construibles, la menos la mitad de uso público.
Las plazas de aparcamiento pueden ubicarse sobre terrenos de titularidad pública o privada pero en suelo urbano no consolidado el ayuntamiento puede admitir la reducción de la reserva hasta en un 50%, en función del uso y demás características del sector, siempre que un estudio técnico acredite que existen suficientes plazas de aparcamiento en las unidades urbanas colindantes con el sector.
Al definirse el sistema local de vías públicas deben analizarse los movimientos de población y mercancías derivados del desarrollo del sector. En particular, los sectores de suelo urbanizable:
– deben asumir las cargas derivadas de las ampliaciones o refuerzos de los sistemas generales y locales de vías públicas, que sean necesarios para garantizar el mantenimiento de su capacidad y funcionalidad previas;
– deben incluir un estudio de movilidad generada, que evalúe la viabilidad de gestionar de forma sostenible los movimientos de población y de mercancías que puedan derivarse del desarrollo del sector.
f. Al establecer la ordenación detallada de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, la reserva de suelo para el sistema local de espacios libres públicos debe alcanzar al menos:
– en suelo urbano no consolidado: 15 m2 de suelo por cada 100 m2 construibles (en las actuaciones de regeneración o renovación urbana se puede reducir hasta en un 50%);
– en suelo urbanizable: 20 m2 por cada 100 m2 construibles, con un mínimo del 10% de la superficie del sector.
Asimismo en estas reservas no sólo deben respetarse las condiciones previstas en RUCL art.105.2 sino que se incorpora como novedad que ha de promoverse la mejora de los espacios públicos a bajo coste, dando prioridad al uso de flora local e implantando estrategias de ahorro en materia de riego y mantenimiento y ha de promoverse que las condiciones topográficas de los espacios libres públicos sean las adecuadas para favorecer su accesibilidad. En todo caso, en el suelo urbanizable se integran en la nueva ordenación los elementos valiosos del paisaje y de la vegetación.
g. Al establecer la ordenación detallada de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, la reserva de suelo para el sistema local de equipamiento público debe alcanzar en suelo urbano no consolidado los 10 m2 de suelo por cada 100 m2 construibles, pero con la misma precisión que en las actuaciones de regeneración o renovación urbana la reserva puede reducirse hasta en un 50%.

NOTA
Se deroga toda la normativa reguladora de los programas municipales de suelo (RUCL art.396 a 399).

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