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Carga de la prueba del dies a quo de la prescripción de la reclamación de indemnización por AT y EP

El recurso interpuesto trae causa de una demanda formulada contra empresa aseguradora y herencia yacente de un empresario fallecido el 8-5-2010 por trabajador accidentado cuando realizaba actividades de montaje en el trabajo en que prestaba servicios, con lesiones que le ocasionaron una situación de incapacidad permanente absoluta (IPA). La sentencia de instancia considera prescrita la acción de responsabilidad civil y la de suplicación lo confirma, sosteniendo que la resolución del INSS sobre la IPA fue de 29-6-2004 con sello de salida de ese día, sin que conste fecha de la notificación y que el actor inició denuncia en sede penal el 11-7-2005, con lo que había transcurrido el plazo de un año. Recurre la parte actora solicitando se anule la sentencia recurrida y se desestime la excepción de prescripción de la acción.
El TS entiende que:
a) El plazo de prescripción aplicable a las reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios atribuibles a la empresa y derivados de accidente de trabajo o de enfermedad profesional es el de un año (ET art.59.2); y la fecha inicial para el cómputo de los plazos de prescripción de todas las acciones se inicia desde el momento en que pudieron ser ejercitadas (CC art.1968).
b) Aunque el día de inicio del cómputo (dies a quo) para reclamar tal responsabilidad empresarial se sitúa cuando la acción puede ejercitarse, ello no necesariamente equivale al momento en que acaece el AT o la del alta médica en el mismo o en la EP, como tampoco se inicia en la fecha en que se impone el recargo por infracción de medidas de seguridad; en igual forma que los procesos penales deducidos a consecuencia de un accidente de trabajo, impiden que pueda comenzar a correr el plazo prescriptivo de la acción sobre reclamación de daños y perjuicios derivada de ese accidente.
c) En puridad, el plazo no puede iniciarse hasta que el beneficiario tiene un cabal conocimiento de las secuelas del accidente y de las mermas que tales secuelas producen, tanto en su capacidad de ganancia, como en su patrimonio biológico. Y cuando se sigue un procedimiento judicial para la fijación de las lesiones padecidas, el plazo sólo comienza a correr desde que el mismo se agota. En consecuencia, tal conocimiento solamente se produce en la fecha en que se ha dictado la correspondiente resolución firme en proceso de IP. Por tanto debe ser el momento de conocimiento de esta resolución el punto de partida para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios.
d) La carga de la prueba de la superación del plazo prescriptivo incumbe a la parte que alega la excepción y no al que niega (LEC art.217.3). En los hechos probados sólo consta que la resolución del INSS por la que se reconoce al actor una situación de IPA es de 29-6-2004 y que el procedimiento penal se inició por denuncia interpuesta por el trabajador el 11-7-2005, sin que aparezca cuándo tuvo lugar la notificación de aquélla al actor, lo que no permite efectuar con certeza y exactitud el cálculo del año normativamente establecido al efecto, siendo ello de todo punto necesario e ineludible al sustentarse la prescripción sobre un principio de seguridad jurídica y no de justicia. Y si ese extremo (la notificación) no aparece en la relación de hechos probados y, por tanto, no puede considerarse suficientemente demostrado como se precisa para iniciar el cómputo del plazo que transcurre hasta el ejercicio de la acción penal interruptiva de tal prescripción, ésta no puede entenderse producida al faltar la fehaciencia del inicial dies a quo.
e) Asimismo, la excepción de prescripción no pudo ser conocida por el actor más que en el propio acto de juicio donde se formuló, y éste no se hallaba obligado a elucubrar anticipadamente sobre su formulación ni precaverse de ese modo contra la misma, al incumbir su prueba a la parte que la formulaba. Y si la demandada entendía que existía un principio o indicio de tal prescripción pero no su plena acreditación, tenía que tratar de asegurar su resultado mediante el esclarecimiento de dicho extremo, para lo cual pudo, instar que se requiriese del propio actor o de la entidad gestora la documentación acreditativa de ese particular.
Por tanto, se estima el recurso, lo que implica la devolución de las actuaciones al Juzgado de instancia -cuya sentencia, acogedora de la excepción, fue confirmada por la de suplicación- para que dicte nueva sentencia por la que, teniendo por no prescrita la acción ejercitada, se resuelvan las restantes cuestiones planteadas.

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