Como instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo se establecen: la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (RDLeg 3/2015 art.9). En la norma referenciada se desarrolla el Plan Anual de Política de Empleo para 2017 en el que se establecen los objetivos a alcanzar en este año en el conjunto de España y en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, así como los indicadores que se van a utilizar para valorar su grado de consecución. De esta manera, el Plan Anual de Política de Empleo se configura como un instrumento de evaluación de los servicios y programas de políticas activas de empleo desarrolladas por el Servicio Público de Empleo Estatal y las Comunidades Autónomas.
Instrucción para la regulación de las edificaciones o instalaciones fuera de norma.
Instrucción para la regulación de las edificaciones o instalaciones fuera de norma.
Aprobación de las líneas básicas que deben aprobarse en el programa de regeneración del espacio público urbano en Andalucía.
Se aprueban las bases reguladoras de acceso a ayudas, en forma de bonificación de los intereses de operaciones de préstamo, para la financiación de promociones de viviendas con protección oficial destinadas a alquiler en régimen general.
Habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en el folio de la sociedad y no acompañándose el correspondiente informe de verificación para su oportuno depósito, no procede que el registrador mercantil lleve a cabo el depósito de cuentas.
La LSC prohibe que, a efectos de transmisión de las participaciones sociales, éstas sean valoradas por el auditor de cuentas designado por la sociedad. En el caso de que unos estatutos sociales anteriores a la LSC atribuyan la valoración al auditor de la sociedad, se produce una ineficacia sobrevenida de los mismos, pues, en todo caso, las previsiones estatutarias están subordinadas a las normas legales imperativas.
La sola situación de ser víctima de violencia de género, sin que se cumplan los demás requisitos del ET art.55.5, no autoriza a declarar nulo el despido. Si, además, no se acredita la causa invocada, el despido debe ser declarado improcedente.
Las entidades gestoras de la Seguridad Social gozan del beneficio de justicia gratuita, también cuando son organismos de las CCAA que asumieron la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Por lo que es imposible su condena en costas con independencia del objeto del pleito, pues gozan de tal beneficio tanto cuando el pleito se refiere a la gestión de la prestación encomendada, como cuando intervienen en calidad de empleadoras ante un reclamación laboral de sus trabajadores sobre despido, salario u otros derechos.
